Entre mayo y agosto de 2021, desde la Fiscalía General de la República, el régimen sandinista organizó una serie de interrogatorios contra periodistas. Una conspiración digna de una «distopía soviética»: interrogatorios políticos, ideológicos y forzados que se convirtieron en la mayor estrategia de intimidación estatal contra la prensa independiente, diseñada para dividirla mediante presión psicológica.
La artimaña: hacer creer a la ciudadanía y a la comunidad internacional que periodistas y medios de comunicación independientes habían recibido fondos ilícitos por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), con el objetivo de establecer un discurso anti gobierno desde los medios de comunicación.
El Objetivo: deslegitimar a la prensa independiente e incriminar a Cristiana Chamorro Barrios, presidenta de la Fundación, en un supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos para apartarla del camino de la contienda electoral de noviembre de 2021, y con ello evitar que asumiera la Presidencia de Nicaragua por la vía democrática.
Periodistas en cargos de jefaturas de redacción, dirección, corresponsales de prensa y reportería comunitaria, desfilaron por el Ministerio Público para enfrentar una operación de «seguridad estatal» que parecía ser copiada de las prácticas de inteligencia represiva de la vieja Unión Soviética, la actual Cuba o en su defecto Venezuela.
Mientras tanto, policías, paramilitares y francotiradores vigilaban las entradas y salidas del Ministerio Público, recreando así un ambiente de zozobra, inseguridad e intimidación para los hombres y mujeres de prensa independiente.
Después de cuatro años, nueve de las víctimas de ese proceso relatan aquel episodio y afirman que el hecho histórico representa una «derrota» para Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Querían poner punto final al periodismo independiente nicaragüense y su plan para el desprestigio de la prensa se convirtió en un laberinto para una dictadura burlada en su propio terreno, por 50 periodistas, quienes desde el banquillo de interrogatorio le demostraron que, cuando la verdad se comprueba con periodismo riguroso, no hay causa probable para una acusación» afirma la periodista y directora de Galería News, Abigail Hernández.
Cincuenta y dos meses han pasado y aún no se pueden borrar las cicatrices, las heridas todavía abiertas, los actos de resistencia y la dignidad que hasta hoy compromete a aquel grupo de periodistas a informar a pesar del exilio, el haber empezado de cero en otro país, de la amenaza latente contra ellas, ellos, colegas de equipo y familiares.
A pesar de eso, la mayoría continúa ejerciendo periodismo y contando la verdad desde el oficio que en Nicaragua quita el sueño y la tranquilidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Lourdes Arróliga: la primera citatoria judicial
Esta es la primera vez que la periodista Lourdes Arróliga —«Lula» para sus colegas— habla sobre su caso. Es duro, reconoce, pero «hablar sana». Además, sostiene que en esta pirámide el Estado quería inhabilitar a Cristiana Chamorro y de paso arrastrar al periodismo independiente, «su peor enemigo, su peor pesadilla», pero en el segundo caso se estrelló.
El lunes 24 de mayo de 2021, Lula planeaba una celebración familiar por el cumpleaños de su esposo. La fiesta se suspendió abruptamente con una citatoria judicial: debía comparecer ante la Fiscalía en el marco de la investigación contra Cristiana Chamorro y la FVBCH.
Su esposo, abogado de profesión entonces asesoró y preparó a Lula para aquella entrevista, estaba convencido que la peligrosidad del contexto del país, en el que se perseguía a la oposición política del sandinismo y a la prensa crítica al régimen, avizoraba el interés de la Fiscalía como instancia operativa del Ejecutivo para ejecutar las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo: inculpar a Cristiana Chamorro y aprovechar la oportunidad para involucrar a periodistas en el supuesto delito.
Aquel martes 25 de mayo de 2021, quedará en la historia de la prensa nicaragüense como el albor de la criminalización del periodismo en Nicaragua, que inició con la arbitraria investigación judicial en contra de la FVBCH, un hecho sin precedentes en el continente americano: el arbitrario uso instancias estatales para abrir masivamente expedientes de investigación judicial a periodistas y directivas de medios de comunicación.
Cristina Zahar, coordinadora para Latinoamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), concuerda con esta afirmación. «Podríamos comparar con Cuba esa persecución, pero de esta magnitud con la que criminalizan el periodismo en las Américas fue la primera vez que documentamos en esos niveles. Lo de criminalizar a la prensa es un problema de casi todos los gobiernos autoritarios, es característico de dictaduras», apunta la especialista, sin dejar de señalar que Nicaragua se ha convertido en un caso negativamente excepcional en cuanto a los niveles de agresión a periodistas.
Lula está consciente de esa injusta realidad para la prensa nicaragüense y recuerda como aquella citatoria recibida se convirtió en una prueba más de que las malas noticias se acumulaban para ella, pues desde febrero de ese año estaba en el desempleo luego de que la FVBCH cerrara operaciones.
Una decisión que la FVBCH asumió desde el cinco de febrero de 2021, para no someterse al control invasivo y arbitrario impuesto por el gobierno de Nicaragua a las organizaciones de sociedad civil, a través de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada caprichosamente por la Asamblea Nacional el 15 de octubre de 2020.
Un cierre que hizo que Lula, especialista en medios de comunicación y con una trayectoria de más de 25 años investigando temas de corrupción y transparencia gubernamental, finalizará acuerdos laborales con la organización, lo que no valió para que tres meses después el régimen sandinista viese en ella, la oportunidad de usarla como «chivo expiatorio», afirmó la periodista a nuestro equipo de investigación.
Nunca imaginó que sus años de trabajo en la FVBCH, la institución creada en 1997 por Cristiana Chamorro como símbolo del legado democrático de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro; la colocarían en la mira del régimen y serían utilizados, por un lado, para poner una trampa a su ex jefa y en ese momento candidata para las elecciones presidenciales de 2021, y por otro, el ancla para establecer una investigación para identificar ubicación de periodistas y sus mecanismos de trabajo colaborativo.
Aquel 25 de mayo en lugar de cantar el «Feliz Cumpleaños» a su marido y que él pudiese soplar las velas, Lula, se enfrentó entre nervios y valentía a un interrogatorio al que entró como «Entrevistada» y salió como «Imputada» dentro de la supuesta investigación.
«Esa fue la celebración que tuvimos: pasar encerrada en la Fiscalía», recuerda la periodista. No fue la única que ese día compareció. Su ex compañero de trabajo, Guillermo Medrano, quien se desempeñó como coordinador del área de derechos humanos de la FVBCH, y María Lilly Delgado, uno de los rostros más reconocidos en el periodismo nicaragüense por su labor como corresponsal de noticieros internacionales y consultora para organizaciones y medios de comunicación, la acompañarían en ese periplo que apenas empezaba.
En ese lapso, las cuentas bancarias de los tres llamados a declarar fueron congeladas, les impusieron retención migratoria y los acusaron públicamente. La represalia iba a peor y la advertencia llegó antes de poner un pie en la Fiscalía. «Una semana antes de que me citaran, ya había una patrulla frente a la oficina de mi esposo», denuncia Lula.
Ante la vigilancia y acoso policial del que eran blanco y las alertas rojas del peligro de cárcel que enfrentaba, Lula junto a Medrano y Delgado asumieron el riesgo de presentarse en el despacho del fiscal a cargo de la operación, Giscard Moraga, quien, por sus interrogatorios violentos y abusivos en contra de hombres y mujeres de prensa, en los meses siguientes fue bautizado como el «verdugo de periodistas».
Lo que comenzó como una citatoria a una supuesta «entrevista» terminó con amenazas que rayaban en el atropello. Lula, igual que otros de sus colegas, señala violaciones a sus derechos dentro de la Fiscalía. «Si nosotros decidíamos entrar con abogados, automáticamente íbamos a quedar como imputados en la causa. En Nicaragua o en cualquier sistema jurídico eso no tiene absolutamente ningún asidero legal», reprocha la periodista.
«Eso (la citatoria) no era una entrevista, era como un acto de intimidación, es decir, desde un principio lo que querían era sembrarte el terror y que vos tuvieras la convicción de que ahí había un delito», afirma Lula todavía molesta, mientras sus recuerdos la trasladan a aquella pequeña sala de la Fiscalía, ubicada en pleno centro de Managua.
Con tono «grosero y soberbio», el fiscal intentó obligarla a firmar un acta en la que supuestamente constaba que se había negado a declarar. Ella se rehusó, al igual que Guillermo Medrano y María Lilly Delgado. La negativa tuvo consecuencias: Giscard Moraga los castigó con un nuevo citatorio para el 28 de mayo en el Ministerio Público.
A pesar de las presiones recibidas durante los interrogatorios, ninguno de los ex trabajadores de la FVBCH se amedrentó ante las amenazas recibidas, y hay que destacar que ninguno rindió declaraciones en el proceso que consideraron mañoso y altamente politizado.
«De forma arbitraria habíamos pasado de ser personas citadas a entrevista a personas imputadas, simplemente por un capricho de que ellos (los fiscales) no nos quisieron dejar entrar con un representante jurídico», reprocha Lula.
Rápidamente ella se dio cuenta que ese era un proceso intimidatorio en el que ya había víctimas con represalias más graves: Walter Gómez y Marcos Fletes, los administrativos de la Fundación, habían sido encarcelados tras operativos policiales ilícitos.
La extrabajadora de la FVBCH asistió a su segunda citatoria. Enfrentó un proceso mucho más agresivo por parte del fiscal Giscard Moraga, en este segundo interrogatorio un policía se encontraba dentro de la sala.
Lula recuerda aún con impotencia su reclamó al fiscal, a quién trataba de demostrarle que desde la Fiscalía trataban de imputarla en un caso sin pruebas. En aquella sala Moraga la designó como «imputada», entonces, por segunda vez se acogió a su derecho constitucional de no declarar y en ese momento el funcionario perdió los estribos y ordenó con contundencia que se dejara en acta que ella se negaba a colaborar en el proceso.
«La imputada se niega a colaborar y se niega a rendir declaraciones», dictó que escribiera al policía-secretario. Lula, nunca quebrantó su temple y tampoco dejó de insistirle a Moraga que se apegara a derecho. «No ponga eso. Ponga que la imputada dice que va a rendir declaración siempre y cuando quede sentado en esa acta que se está cometiendo una arbitrariedad, porque yo vine la primera vez a entrevista, no vine como imputada, y por una «locurita» de ustedes estoy ahora en este berenjenal que dicen que ahora soy imputada por una causa de lavado de dinero».
Luego de diez minutos en la misma discusión, Lula, entendió y aceptó que no había sentido en continuar en esa sala, ya todo se había dicho antes de que ella llegara, todo estaba preparado como si siguieran un plan, entonces, decidió guardar silencio y no rendir declaraciones, una decisión que daba por finalizado el proceso de entrevista o el «interrogatorio» como prefirieron nombrar los abogados defensores que acompañaron a periodistas durante ese proceso.
Al salir de la sala sintió incertidumbre y pensó que, al no firmar aquella acta, mantener su posición con firmeza y el no demostrarle temor a Giscard Moraga, éste firmaría su sentencia de culpabilidad.
Ante la duda y la preocupación, Lula se resguardó, quería preservar su integridad física y libertad, y como cuestión del destino, el 2 de junio, otra fecha importante en su núcleo familiar, decidió exiliarse, luego de que la Fiscalía anunciara públicamente medidas cautelares contra ella.
«Justo ese día cumplíamos 20 años de matrimonio (ella y su esposo)», apunta. Además, como miles de nicaragüenses vio el arresto de Cristiana Chamorro a través de noticieros televisivos y redes sociales.
Lula, aún con tristeza en su mirada, recuerda como un escuadrón de fuerzas especiales invadió la casa de Cristiana para dictarle sentencia de «casa por cárcel» y con ello inhabilitarla para las elecciones de 2021, las que según las encuestas del momento ganaría con el 70% de los votos. Para Lula, entonces, se habían activado todas las alertas y el peligro de cárcel para los y las ex trabajadoras de FVBCH era inminente.
Ella se mantuvo firme en sus convicciones, no dudó que aquella causa era un montaje político y en esta convicción defendió sus derechos ciudadanos y señaló a su verdugo, el fiscal Moraga, sus errores, arbitrariedades y atropellos dentro del proceso.
Lula, la mujer «bravita y contestona», a como la llamó Giscard Moraga en un intento por denigrarla con palabras cargadas de misoginia, marcó un camino paras los y las colegas periodistas citados a la Fiscalía dentro de este proceso.
Un trabajo que siguieron haciendo los y las periodistas citados en los siguientes meses. Lourdes se atrevió a decirle a Moraga que en el caso de la Fundación no había «ningún lavado de dinero, porque el dinero que utilizaba la Fundación era proveniente de fondos de la donación de la cooperación del pueblo de los Estados Unidos, la misma cooperación con la que se construyó este edificio de la Fiscalía y la misma cooperación con la que a usted lo capacitaron para ser fiscal y para investigar casos de lavado de dinero, que se nota que no aprendió absolutamente nada». Luego de ese interrogatorio no volvió a la Fiscalía, pero fue forzada a exiliarse.
Fiscalía una pasarela de periodistas que representan una amenaza para la dictadura sandinista.
Octavio Enríquez, con 26 años de trayectoria periodística, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, es uno de los representantes más importantes del periodismo de investigación en Nicaragua. Igual que Lourdes, tomó la difícil decisión de exiliarse luego de ser interrogado en la Fiscalía.
El jueves tres de junio de 2021 fue citado para rendir cuentas sobre su relación con la FVBCH. Octavio valoró todos los panoramas posibles antes de presentarse, entre ellos, el de ser detenido dentro de las instalaciones del Ministerio Público A pesar de esa posibilidad decidió presentarse y redactó una carta por si algo le ocurría.
En el interrogatorio explicó sin temor que su relación con la FVBCH lo hacía sentir orgulloso, fueron acuerdos laborales «transparentes» como consultor para capacitar a periodistas en temas de periodismo de investigación, un trabajo que a pesar del exilio sigue realizando con placer.
«De mis colegas siempre aprendía», sigue repitiendo una y otra vez Octavio con la sencillez que lo caracteriza al recordar parte de los argumentos que le dio a Moraga para explicarle por qué hace periodismo. «El antídoto contra los regímenes autoritarios es hacer buen periodismo», consciente de que este era el motivo por el que él, al igual que el resto de sus colegas, fue emplazado en la Fiscalía.
«Querían intimidar al periodismo independiente a través de la persecución judicial. Fue toda una pantomima para al final dejar sin competencia electoral (refiere a Cristiana Chamorro junto a los demás precandidatos políticos) y que él (Daniel Ortega) ganara solo.
Somos testigos de un intento grande por criminalizar el periodismo», sostiene Octavio al referirse a los interrogatorios realizados en contra de periodistas durante este proceso de investigación fallida.
Giscard Moraga, al igual que en el caso de Lourdes Arróliga, se convirtió en su inquisidor, le formuló unas 20 preguntas, calcula Octavio. Quería nombres de los financieros [personal administrativo de la FVBCH] para armar su «rompecabezas, su montaje, su obra de teatro», apunta, y aclara que fueron nombres que nunca dio porque desconocía quién manejaba esa área. Octavio, como muchos otros profesionales, sólo era un consultor.
Igual que Lula, Octavio asumió con valentía aquel interrogatorio y, con la convicción de que la verdad le acompañaba, invitó al fiscal a hacer su trabajo. «Dado su genuino interés en investigar la figura del lavado de dinero lo invité a que se cruzara la calle, que ahí tenían el Hotel Seminole», adquirido con fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, uno de esos negocios turbios en los que está implicado el Estado y a los que el «imputado de turno», como también le señaló Moraga, le había seguido el rastro por años.
Octavio reflexionó, luego de salir de la Fiscalía, que el panorama en Nicaragua era sombrío para el periodismo. Y se dijo: «Un periodista preso no le sirve a nadie, no le sirve a ninguna sociedad», una frase que se repetía una y otra vez para intentar convencerse de que el exilio era lo más prudente.
Las alertas rojas también se habían encendido para Octavio y, en la Fiscalía, Moraga, le había dado con sus preguntas las pruebas de que la estructura gubernamental quería silenciarlo. Él no estaba dispuesto a callar. Salió del país días después de su citatoria judicial.
«El exilio es difícil, pero yo creo que callarse sería como morir. Creo que el compromiso del periodismo ha sido seguir denunciando todas estas arbitrariedades. Los autocráticos dictadores quisieran que todo el mundo se quedara callado frente a las arbitrariedades que ellos cometan. Es un momento difícil, nadie quiere irse, nadie se va por su gusto de su país, es como que te arranquen las entrañas», lamenta el periodista y ganador del Premio Ortega y Gasset para Periodismo Impreso por su coraje en la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Tomás Borge, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista.
Octavio, además, tomó la decisión por su familia, pues él, siendo uno de los objetivos de la dictadura no podía garantizarla. Menos aun cuando se encontraba en medio de una investigación, pues en meses pasados había enviado un correo electrónico a Rosario Murillo, vocera gubernamental y actual Co presidenta de Nicaragua, solicitando información sobre una red empresarial corrupta en la que estaba involucrado el Estado nicaragüense que ella representa.
Días después de ser interrogado por Giscard Moraga, dos hombres de civil llegaron a su casa a «avisar» que él tenía una segunda citatoria pendiente, entonces su salida era inminente.
Otro periodista que repite la escena es Cristopher Mendoza, uno de los directivos de Onda Local y en aquel momento uno de los ejecutivos de la Asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Citado a mediados de julio de 2021, salió al exilio en septiembre de ese año. En agosto recibió un segundo llamado de la Fiscalía y se inclinó por resguardar su integridad exiliándose en Costa Rica.
Con él, Giscard Moraga, su interrogador, fue directo: «¿Qué sabés del caso del lavado de dinero de la Fundación Violeta Chamorro?»; Cristopher respondió: «No sé absolutamente nada, señor».
El fiscal perdió los estribos. Cristopher lo compara con un «perro con rabia». En las dos horas de preguntas golpeó la mesa en varios momentos, lo amenazó para que dejara de «burlarse de él» y durante las dos horas de interrogatorios lo rodeó en varias ocasiones como un depredador a su presa.
Daba vueltas a su alrededor, golpeaba incesantemente el escritorio, lo llamaba mentiroso y como si se tratase de un delincuente de alta peligrosidad le presentaba fotografías, imágenes que él mismo había compartido en sus redes sociales, pero el fiscal se las mostraba torpemente para que él mismo se «identificara». «¿ese sos vos?» preguntaba constantemente a lo que el periodista contestaba entre risas “pues sí, son fotos de mi Instagram».
Cristopher fue uno de los periodistas becados por la FVBCH, en dos ocasiones obtuvo becas para hacer investigaciones periodísticas en temas de corrupción municipal, becas de US$1,500.00, las fotocopias de los comprobantes de los cheques recibidos en lo que aparecía su firma, fueron las supuestas pruebas que la Fiscalía le presentó como documentos probatorios del supuesto delito de «lavado de dinero».
Cristopher no negó los cheques, pero dejó claro que esos eran fondos complementarios para hacer las investigaciones periodísticas publicadas por Onda Local, además, señaló que las becas de la FVBCH eran fondos pequeños de promoción al desarrollo del periodismo investigativo en Nicaragua, y eran becas públicas.
El periodista también recuerda que intentó explicarle a Moraga que las becas periodísticas para investigación, por la peligrosidad del ejercicio periodístico en países víctimas del autoritarismo estatal, muchas veces se convierten en estipendios y que la mayoría del tiempo no llegaban a cubrir los desplazamientos a las zonas de investigación, sin embargo, los y las periodistas las realizan por su amor al oficio periodístico de calidad y no por un pago que comprometa su reputación.
Estas explicaciones las dio en reiteradas ocasiones para contrarrestar las acusaciones del fiscal, que con cada respuesta parecía alterarse más, estresarse, levantar la voz y perder la paciencia. Cristopher aún lo recuerda entre risas, como una expresión del orgullo que le da saber que a pesar de sus nervios quebró a Moraga haciéndolo apartarse del guión que parecía seguir.
«Los periodistas somos defensores de derechos humanos y todo aquello que contradijera a la dictadura sandinista iba a sufrir las consecuencias de una persecución», insiste. Consciente de sus relaciones en el área periodística con la FVBCH, el entrevistado recuerda el giro del interrogatorio. Le cuestionaron si conocía a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro o a Cristiana Chamorro, el supuesto «pez gordo» de la célula criminal que Moraga intentaba crear desde la Fiscalía y con los testimonios de los y las periodistas interrogadas.
Para Cristopher, la Fiscalía quería sembrar el pánico en el periodismo independiente. «Iban por los números telefónicos de más comunicadores y querían que los citados se los proporcionáramos». Cristopher se negó, no dio un solo nombre, siempre contestó «no tengo mi teléfono aquí» y recuerda cómo esto hizo exacerbar al fiscal, «yo vine a contestar por mí, si quiere saber de otros colegas llámelos a ellos», dijo con firmeza.
No fue el último. Cada una de las personas periodistas consultadas para la reconstrucción histórica de esta memoria relatan como increparon a los fiscales con respuestas lógicas, fundamentadas con hechos verificados y con la serenidad que les permitió no doblegarse, ni ceder a las amenazas de las que fueron víctimas.
Desde el 25 de mayo al 1 de julio de 2021, ciento cuarenta personas fueron citadas a la Fiscalía por el caso Cristiana Chamorro/FVBCH/2021. De estas 52 eran periodistas el resto eran profesionales diversos que colaboraron como consultores de la FVBCH en distintas ramas. También fueron citadas personas que brindaron servicios de alimentación, hospedaje y transporte, además de representantes de organizaciones de sociedad civil aliadas de la FVBCH.
Giscard Antonio Moraga Guillén («El verdugo de periodistas»), Manuel Rugama Peña («El perseguidor de periodistas»), Estela Ramírez Olivas, José Alfredo Pérez y Carlos Rafael Espinoza Castilla, fueron los fiscales delegados para ejecutar el proceso, encargados de emitir y firmar los citatorios judiciales, realizar interrogatorios y ejercer violencia psicológica durante los mismos.
Una causa que dirigieron bajo las instrucciones de la entonces Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, sancionada en 2023 por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, por usar su cargo para violar los derechos humanos de los opositores al gobierno de Daniel Ortega. Purgada y descartada por Rosario Murillo en 2025 luego de que se eliminara Procuraduría General de Justicia.
Según las cédulas judiciales emitidas, las personas citadas asistían en carácter de testigos, entrevistados, investigados o imputados, pero una vez iniciados los procesos, los y las periodistas eran advertidas que, según sus repuestas, esa situación podía cambiar. Lo que no se puede olvidar es que cada uno de esos interrogatorios fueron la base para abrir expedientes judiciales, aún vigentes dentro del sistema judicial manejado por el régimen dictatorial de Daniel Ortega.
