La represión sandinista no solo encierra, también mata. En 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen de Ortega, el país fue testigo de un uso desproporcionado de la fuerza que incluyó francotiradores, paramilitares, antimotines con fusiles AK y escuadrones de choque que disparaban a matar. Más de 350 personas fueron asesinadas, muchas de ellas con tiros en la cabeza y el pecho.
Vladimir de la Cruz, historiador costarricense que conoció el proceso sandinista desde su etapa revolucionaria, advierte que ese tipo de violencia no es improvisada.
“No se puede contratar a cualquier atarantado para que vaya a pegarle un tiro a una persona, no. Eso requiere gente especializada, y que sabe que tiene que ir a pegar un tiro donde debe ajustarlo. Ahora lo hacen directamente a la cabeza o al pecho, en el lado del corazón”, describe.
Luis Fley agrega que esta represión armada tiene una lógica de control territorial para demostrar que no hay espacio para el desacuerdo.
“El que se opone al sistema es enemigo y se le elimina. Ya no es solo el enemigo militar o el enemigo externo: es cualquier ciudadano que se atreva a disentir”, alerta Fley, consciente que la violencia armada y los crímenes de guerra cometidos en la década de los 80 se silenciaron con el argumento de la guerra.
El abuso del poder armado no es nuevo, en los años 80, por ejemplo, el servicio militar obligatorio en Nicaragua era implementado por el gobierno sandinista, y la deserción podía acarrear penas como arrestos o, en casos de extrema cobardía o abandono de puesto, la pena de muerte, según el Código Militar de la época.
Una pena de muerte que no es lejana para la actual militancia sandinista, Beatriz señala «dentro de las bases hay temor porque los maten si son considerados traidores a Ortega y Rosario Murillo, lo que los hace someterse, les tienen miedo porque saben que son capaces de hacerlo en los 80 se ajustició a mucha gente y todavía no se habla de ello».
Los asesinatos de Estado cometidos por fuerzas policiales, militares y paramilitares (2018 – 2022) han sido injustificables ante la comunidad internacional, sin embargo, Daniel Ortega, argumenta públicamente que la «Operación Plomo» que ordenaba a su militancia disparar contra civiles en las protestas se justificaba por Los supuestos asesinatos de policías cometidos por civiles durante las mismas, hasta la fecha Daniel Ortega no ha presentado pruebas sobre esas aseveraciones.
Hasta ahora la CIDH ha documentado 21 policías muertos durante los sucesos de 2018, de los cuales ha responsabilizado al gobierno de Daniel Ortega. Peraza insiste en que el régimen «ha invertido el discurso, acusando a las víctimas de ser victimarios».
«Ellos lo que te sacan a pasear es que tuvieron muertos de la policía, pero no dicen que eso es una muerte derivada. Esos policías, contraviniendo las normas de la misma Constitución y de los mismos manuales, se convirtieron en agresores de una población indefensa», explica.
