1. Contexto del crimen
Las manifestaciones, que iniciaron el 18 de abril de 2018, se habían intensificado, y el gobierno, buscando acabar con las protestas y los tranques que habían surgido para defenderse de paramilitares y fuerzas policiales que disparaban contra la ciudadanía que protestaba, recurrió a la violencia extrema mediante una acción militar de exterminio civil al que denominaron “Operación Limpieza”, luego que Murillo diera la orden “vamos con todo” y con la que autorizaba, junto a Daniel Ortega, una serie de masacres en distintos municipios del país.
La mañana del sábado 16 de junio de 2018, en medio de la oleada de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, las fuerzas policiales y paramilitares ejecutaron uno de los más sangrientos y aterradores crímenes contra civiles, incendiaron la casa de la Familia Velázquez López, mientras los integrantes de la misma dormían.
Aquel día, estaba programada una reunión en la que grupos de oposición se sentarían con una delegación del régimen en el llamado Diálogo Nacional; aquella mañana la sesión en la mesa de conversaciones, fue suspendida luego que el diputado de la familia Ortega-Murillo, Edwin Castro, anunciara cínicamente que la familia calcinada era militante del partido FSLN, como una forma de distorsionar las investigaciones del caso, lo que generó rechazo de grupos opositores y sociedad civil.
2. Circunstancias de una masacre atroz
En la madrugada del sábado 16 de junio, la familia del comerciante y fabricante de colchones Óscar Manuel Velásquez Pavón, fue atacada en su hogar en el barrio Carlos Marx.
La casa de tres plantas, ubicada en los lotes E- 260 y 261, está ubicada a 300 metros de la rotonda La Virgen, sobre la pista que lleva hacia el mercado El Mayoreo.
Una propiedad cuya ubicación la convertían en un punto estratégico dentro del barrio, pues la propiedad unía a las colonias vecinas Miguel Gutiérrez y Villa Progreso, que en ese momento era controlado por estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica y población opositora al régimen de Daniel Ortega, quienes había colocado barricadas sobre las pistas impidiendo el ingreso de fuerzas policiales y paramilitares que buscaban someter a la población con fuerza militar.
Aquella mañana y mientras dormían, la casa fue incendiada con bombas Molotov por fuerzas paramilitares, según los testimonios y las investigaciones independientes. Los gritos de auxilio de los residentes se mezclaron con el sonido de las balas de paramilitares y policías que impedían que los vecinos pudiesen ayudar a la familia Velázquez convirtiéndose en testigos de cómo el crepitar de las llamas devoraba la casa.
3. Impacto del caso del "Carlos Marx"a nivel nacional e internacional
La masacre de la familia Pavón sacudió a la nación y resonó a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos calificaron este acto como un crimen de lesa humanidad.
La brutalidad del ataque y la pérdida de vidas inocentes resaltaron la gravedad de la represión estatal en Nicaragua, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva del país, en medio de una ola de asesinatos y masacres en todo el país por escuadrones de la muerte, enmascarados y transportados en camionetas Hilux sin placas por todo el territorio nacional.
4. Víctimas
Los nombres son: Óscar Manuel Velásquez Pavón de 46 años; su esposa Maritza del Socorro López Muñoz de 46 años; Alfredo Manuel Velásquez López de 22 años; su esposa Mercedes de los Ángeles Raudez Álvarez de 20 años y sus dos hijos Daryeli Osmary y Matías Elíseo Velásquez Raudez, de 3 años y de 4 meses de edad.
Sobrevivieron Janeth del Socorro Velásquez López, quien luego de denunciar el crimen señalar que fuerzas policiales habían intentado ingresar a la vivienda y habían sido enfrentados por su padre, a quiénes dispararon, cambió su versión negando todo lo que había declarado públicamente.
Junto Janneth del socorro, sobrevivieron Maribel de los Ángeles Velásquez y Francisco Javier Pavón, quien estuvo detenido, desaparecido y torturado para ser forzado a cambiar en juicio su versión de los hechos, testimonio en el que incriminaba a agentes de la Policía Nacional respaldando la primera versión de Janeth del Socorro.
5. Versiones sobre los perpetuadores crimen
La masacre contra la familia del barrio Carlos Marx tiene varias versiones sobre su origen. Una de ellas es que, durante las protestas, el comerciante Óscar Manuel donó varias colchonetas a los estudiantes atrincherados en la Upoli. Eso habría sido denunciado a la policía por “Sapos” y espías del régimen, quienes en venganza lanzaron bombas molotov al interior de la primera planta, donde funcionaba el taller y las bodegas con materiales inflamables.
Otra teoría del crimen, basada en testimonios de las personas sobrevivientes y evidencias recogidas por organismos internacionales, sostiene que los policías y paramilitares quisieron intimidar a la familia para permitirle colocar francotiradores en el balcón del tercer piso, pero al negarse a colaborar e impedirle el ingreso a la vivienda, el señor Óscar Manuel Velásquez Pavón fue ultimado. Entonces, la casa fue rociada con gasolina y luego lanzaron bombas molotov, mientras los paramilitares impedían a balazos cualquier intento de rescate.
Incluso, lanzaron ráfagas contra los camiones de bomberos que querían llegar a apagar las llamas. Días antes del crimen, Alfredo Manuel había publicado en sus redes a las caravanas de la muerte asediando las barricadas del barrio Carlos Marx y el pastor Óscar Manuel, su padre, igual había agradecido que una lluvia del 15 de mayo había apagado las protestas de ese día, luego que policías y militares entraran tirando ráfagas al barrio.
6. Juicio e impunidad en el caso del Carlos Marx
A pesar de la evidencia contundente y los llamados internacionales a la justicia, el caso de la familia Pavón quedó impune porque la policía al servicio del régimen inventó otra narrativa y acusó a manifestantes del crimen.
Las autoridades nicaragüenses no llevaron a cabo una investigación adecuada y los perpetradores nunca fueron llevados ante la justicia. La impunidad reinante subrayó la complicidad del régimen en la violencia. El 19 de diciembre, en conferencia de prensa, el tenebroso torturador Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, dijo que “habían esclarecido el caso”.
Mediante torturas, amenazas y manipulación de testigos y prisioneros políticos, achacaron la responsabilidad del crimen al “Movimiento estudiantil 19 de Abril» bajo la excusa de que la familia Pavón no había querido sumarse al Paro Nacional de Comercio del 14 de junio.
7. La compra de voluntad de la familia sobreviviente y las amenazas de cárcel
Inicialmente, los familiares sobrevivientes de las víctimas denunciaron enérgicamente el crimen y acusaron directamente a la policía y los paramilitares del siniestro. Sin embargo, con el tiempo, algunos miembros cambiaron su discurso, aparentemente influenciados por presiones y ofrecimientos del gobierno.
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Esta compra de voluntad y amenazas reflejó las tácticas del régimen para silenciar la verdad y manipular la narrativa a favor de la versión oficialista. Janeth del Socorro Velásquez López y Maribel de los Ángeles Velásquez, hijas del matrimonio calcinado, sobrevivientes ambas de la masacre, habían denunciado ante los medios independientes la participación de la policía en el crimen.
Igual lo denunció también Francisco Javier Pavón, todos en vivo, en medio de la tragedia y la rabia del momento. Así quedó registrado en videos, audios y en sus redes sociales antes de cientos de testigos; sin embargo, luego que la policía los detuvo como sospechosos y tras semanas de interrogatorios, amenazas y en algunos casos halagos, todos cambiaron la opinión y aparecieron en videos filmados por policías, achacando la culpa a los manifestantes y deslindando a la policía.
8. Contra verdad: La estrategia de cambiar la narrativa de los crímenes
En un afán por cambiar la narrativa del espantoso crimen sandinista, la dictadura recurrió al viejo artificio gobbeliano de achacar a los enemigos del régimen los crímenes cometidos por policías, militares y paramilitares.
En un intento de desviar la responsabilidad, la dictadura contrató al propagandista Marcio Vargas Arana para producir una serie de videos en los que manipula todo para tratar de cumplir su objetivo de cambiar la narrativa a nivel nacional e internacional. Marcio Vargas, un fanático entrenado en Cuba, empezó a producir varios documentales en una serie que denominó “180 grados: claves de la ‘verdad”. Como era de esperarse, desde ahí culpó a la oposición por la masacre del barrio Carlos Marx y otras atrocidades cometidas por órdenes del siniestro matrimonio.
Funcionarios del régimen, policías, fiscales, jueces a sueldo, militantes del partido que fungían como “testigos”, periodistas empleados de los medios de la familia Ortega-Murillo y otros leales a sueldo de la dictadura desfilaron por las cámaras del propagandista y sus relatos fabricados que buscaban desacreditar a los manifestantes y presentar al gobierno como una víctima de la violencia, distorsionando los hechos y sembrando confusión en la comunidad internacional. Los videos fueron llevados a colegios y universidades públicas con carácter obligatorio y la dictadura invirtió una fortuna para publicitarlos en redes sociales.
9. El informe del GIEI de 2018 y los crímenes de lesa humanidad de Ortega-Murillo
Pese a todo el esfuerzo del régimen por deslindar responsabilidad del crimen y responsabilizar a la oposición, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en Estados Unidos en diciembre de 2018, deja establecido claramente que la responsabilidad de los crímenes en el contexto de las protestas era del régimen y sus fuerzas de seguridad.
Si bien el informe investigó los hechos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, la investigación develó que la planificación de los ataques desde el régimen ese año constituyó una política pública que clasifica como crímenes de lesa humanidad, según los Estatutos de Roma que rigen en la Corte Penal Internacional. El documento detalló las circunstancias de la mayoría de los crímenes en 2018 y la falta de acción judicial, subrayando la necesidad de justicia y reparación para las víctimas.
10. La memoria y el destino de la casa
La casa de la familia Pavón, escenario de la tragedia, sigue en pie como un triste recordatorio del horror vivido en Nicaragua desde abril de 2018. A pesar de estar en venta por agentes de bienes raíces, nadie ha querido comprarla.
El lugar, cargado de una memoria dolorosa, permanece abandonado, reflejando el peso del crimen y la resistencia de la comunidad a olvidar la masacre sandinista en ese lugar. La vivienda, ahora un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia se mantiene como un testimonio mudo de la violencia y la impunidad en Nicaragua.
Testimonios de dos testigos de los episodios sucedidos luego del asesinato de la familia Pavón
