Marzo 24, 2025. Nicaragua/Nicaragua.- Una noche de junio, «Mariángel» (nombre ficticio para proteger su identidad) recibió una solicitud de amistad en Facebook de «Marcos», su profesor de secundaria.
Con 14 años de edad, Mariángel nunca desconfió de esa solicitud, Marcos era su profesor y ella, al igual que otros de sus ex compañeros de clases también iba a ser parte de las y los “amigos” en la red social.
«Creo que ella confiaba porque el profesor nunca había mostrado un comportamiento inapropiado», comentó una de las hermanas de Mariángel, quien prefirió mantenerse en el anonimato para proteger la identidad de su hermana.
Al día siguiente de aceptar la solicitud, el profesor comenzó a enviarle mensajes. Inicialmente, la conversación parecía inocente, pero con el paso de los días, los mensajes de Marcos adquirieron un inadecuado tono de connotaciones sexuales.
La situación alcanzó su punto crítico cuando Marcos le pidió fotos sin ropa. Mariángel no respondió de inmediato, entonces Marcos comenzó a acosarla, además de presionarla para que le enviara las fotografías la amenazó con bajar sus calificaciones si no mantenía en secreto sus conversaciones.
Ante el temor de que el profesor cumpliera sus amenazas Mariángel decidió mantener el secreto. Sin embargo, una noche, su madre descubrió los mensajes de Marcos y rápidamente hizo una denuncia ante la dirección del colegio logrando que despidieran al profesor.
Un delito más común de lo que se cree
Este caso, aunque alarmante no es aislado. Según los informes de gestión del Ministerio Público de Nicaragua, entre 2021 y 2023 se registraron 108 denuncias relacionadas con delitos de «explotación sexual y pornografía con adolescentes por pago».
Aunque Mariángel no fue víctima directa de ofertas económicas a cambio de fotografías íntimas, su caso si la ubica como una víctima de explotación sexual infantil y pornografía.
El caso de»Sofía» (seudónimo para proteger la identidad de la menor), sí involucró una oferta de dinero por fotografías intimas, una transacción que se realizó a través de redes sociales, el canal que muchos depredadores sexuales están utilizando para contactar a niños, niñas y adolescentes.
La explotación sexual de menores está estrechamente relacionada con redes de trata de personas, que en su mayoría afectan a niñas y adolescentes.
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En Nicaragua, en los últimos años, ha habido un aumento en las denuncias de desapariciones de menores, muchas veces reportadas por sus propias familias. Algunas de estas desapariciones se resuelven cuando la familia intensifica la búsqueda o cuando la Policía actúa con rapidez.
Una organización de derechos humanos, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias estatales por dar declaraciones a Galería News, reportó que entre 2021 y 2023 se registraron al menos 200 desapariciones o secuestros de menores de edad.
Según los datos del Ministerio Público, entre 2021 y 2023 se registraron 83 denuncias por secuestro simple y extorsivo. Esta cifra es más baja que la reportada por las organizaciones sociales, lo que podría explicarse por el hecho de que muchas familias desisten del proceso judicial una vez que el o la menor es hallado o regresa a su hogar.
La Policía Nacional, vinculada al régimen sandinista, solo registró 16 casos de secuestro extorsivo entre 2021 y 2023, según el Anuario Estadístico 2021 y la revista Visión Policial (publicada en 2022 y 2023).
Desde 2021, la Policía Nacional de Nicaragua ha dejado de publicar sus anuarios y desde 2023, tampoco se ha difundido su revista, limitando el acceso a la información pública de la ciudadanía.
La falta de estadísticas confiables
La socióloga y feminista María Teresa Blandón destacó que en Nicaragua no existen estadísticas fiables sobre la pornografía infantil.
Las cifras oficiales suelen representar solo un pequeño porcentaje de las denuncias realizadas, mayormente por familiares de las víctimas», explicó Blandón.
La baja cantidad de denuncias también puede deberse a que las víctimas o sus familias desconocen los procedimientos para presentar una denuncia o carecen de los recursos necesarios para acudir a una estación de policía, especialmente si viven en zonas alejadas. Además, muchas veces el temor a represalias impide que los casos sean denunciados, especialmente si el agresor es conocido en la comunidad.
Consecuencias psicológicas en las víctimas de estos delitos
La psicóloga Ruth Quirós señala que cuando una persona menor de edad es presionada para enviar fotografías de carácter íntimo, puede enfrentar graves consecuencias psicológicas.
También pueden surgir ansiedad y miedo, especialmente al pensar en ser descubiertos por su familia o amigos, o debido a las amenazas del agresor», comentó.
El impacto emocional puede ser profundo, afectando la autoestima del menor y llevándolo a sentirse como un objeto de explotación. También pueden aparecer otros efectos, como depresión, trastornos de estrés postraumático e incluso pensamientos suicidas en los casos más graves.
El aislamiento social es otra posible consecuencia, ya que el menor puede alejarse de su círculo cercano para evitar preguntas o sospechas que agraven su angustia.
Es importante reconocer los patrones de las y los depredadores sexuales
Marcos utilizaba un lenguaje manipulador con su alumna, solía usar bromas y juegos de palabras en las conversaciones privadas que entablaba con Mariángel en Facebook.
Una estrategia que utilizaba para no asustar a la adolescente, confundirla y ganar tiempo para que cediera a sus chantajes, Quirós, destaca que muchas veces, los agresores aíslan progresivamente al o la menor de su red de apoyo, “haciéndole sentir especial y al mismo tiempo incomprendido por los demás”.
“Además, estos individuos recurren al chantaje emocional y las amenazas para obtener el contenido que desean. Pueden amenazar con divulgar las imágenes o incluso con hacer daño a la víctima o a sus seres queridos” Ruth Quirós
En muchos casos, las y los agresores son personas cercanas al menor: familiares, maestros, vecinos o conocidos, personas que el niño, la niña o adolescente pueden admirar provocando que estos depredadores sexuales se aprovechen de la confianza que las víctimas depositan en ellos y ellas.
¿Qué pueden hacer los padres, madres y tutelares de menores?
Quirós señaló que los padres pueden identificar y prevenir estos abusos fomentando una comunicación abierta y segura con sus hijos, donde puedan expresarse sin miedo a represalias.
“Es clave observar cambios en su comportamiento, como ansiedad, aislamiento, alteraciones en el sueño o bajo rendimiento escolar, ya que pueden ser señales de alerta. Además, deben supervisar el uso de dispositivos electrónicos, estableciendo límites y utilizando herramientas de control parental, pues las redes sociales son una de las principales vías por las que ocurren estos abusos”, refirió.
También señaló que es fundamental educar a los niños sobre los riesgos de compartir información privada y enseñarles a reconocer intentos de manipulación. Si hay sospechas de abuso, se debe buscar ayuda profesional y acudir a las autoridades competentes para garantizar la protección del menor.
Por su parte, Blandón señaló que, para prevenir estas formas de violencia, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el Estado, que ha demostrado omisión e incluso complicidad con los agresores.
“Es fundamental que las familias, las comunidades, las organizaciones religiosas y cualquier otra forma de organización social promuevan campañas sistemáticas de prevención y protección para niñas y adolescentes”, señaló.
Para la elaboración de este reportaje Galería News consultó a 6 fuentes. Las tutoras de las menores de edad usaron el anonimato como una forma de proteger a las adolescentes mencionadas y a ellas mismas, ante represalias del régimen sandinista por hablar con periodistas independientes.
