Las vacaciones de medio año fueron el mejor momento para que la menor de edad, “Isabel” –a quien llamaremos así para proteger su identidad–, visitara a su abuela, quien vive aproximadamente a una hora de la vivienda de la menor. Originalmente, Isabel pasaría tres días en la casa de su abuela, pero finalmente fueron cinco.
El 25 de julio de 2024, la abuela la envió en un taxi hacia su casa. Sin embargo, Isabel nunca llegó. Su madre intentó llamarla al celular, pero estaba apagado. Después de varias horas sin saber nada de la menor, sus padres decidieron interponer la denuncia en una delegación policial.
No fue sino hasta tres meses después que Isabel apareció, aunque sus padres evitaron referirse a la forma en que regresó.
200 casos en tres años
La situación de Isabel no es aislada. En Nicaragua, especialmente en zonas rurales, los secuestros de menores de edad son más frecuentes de lo que se piensa.
Una organización de derechos humanos, cuyos voceros solicitaron anonimato por temor a represalias, señaló que entre 2021 y 2023 registraron al menos 200 desapariciones o secuestros de menores de edad.
“En los casos de 2024 tenemos tres casos en los que sus familiares aún no logran obtener información ni contacto con las víctimas. Y del 2023, un caso de una mujer adulta que tampoco se ha logrado encontrar”, refirió “Karla”, nombre falso para referirnos a una de las voceras bajo condición de anonimato.
Por otro lado, los datos del Ministerio Público de Nicaragua, recogidos en sus informes de gestión anuales, contrastan con las cifras extraoficiales. Entre 2021 y 2023, esta institución registró 83 acusaciones por secuestro simple y extorsivo. La cifra inferior a la registrada por organizaciones sociales podría deberse, en parte, a que, una vez que los menores regresan a casa o se da con su paradero, las familias desisten de continuar con el proceso judicial.
Además, según las organizaciones consultadas bajo anonimato, muchas familias prefieren denunciar solamente en redes sociales, ya que sienten que así se actúa con mayor rapidez.
“Los protocolos oficiales exigen esperar 72 horas para presentar una denuncia formal, lo que para las familias es un tiempo demasiado largo cuando se trata de una desaparición”, refirió Karla.
Sin embargo, la Policía Nacional –al servicio del régimen– solamente contabiliza 16 casos de secuestro extorsivo entre 2021 y 2023, según datos del Anuario Estadístico 2021 y de la Revista Visión Policial de 2022 y 2023. Desde 2021, la Policía no publica sus anuarios y desde 2023, tampoco la revista.
Aumento significativo de denuncias de desapariciones forzadas en redes sociales
Las organizaciones de mujeres han identificado un aumento significativo en el número de denuncias de desapariciones de niñas y adolescentes en redes sociales, lo que podría estar relacionado con un mayor acceso a la tecnología.
“En los últimos años, estos casos han sido más denunciados en redes sociales y, por ende, más visibilizados”, señala “Julia”, vocera de una organización de derechos humanos que nos solicitó anonimato para hablar sobre esta situación.
Un monitoreo realizado por Galería News en redes sociales revela que, en 2024, se registraron al menos 21 denuncias en redes sociales por desapariciones de menores de edad, 18 de estas denuncias reportaban a niñas en desaparición forzada y tres a niños.
“Esto es preocupante, pero, al mismo tiempo, el uso de las redes sociales para hacer estas denuncias es un elemento clave para visibilizar la problemática, no solo en las ciudades, sino también en comunidades más alejadas. A través del trabajo con plataformas comunitarias, hemos identificado que, además del incremento de desapariciones, ha habido un aumento en la cantidad de denuncias, especialmente en redes sociales y medios de comunicación”, puntualiza Julia
La socióloga y feminista María Teresa Blandón coincide en que la problemática no es nueva, pero que a través de las redes sociales ahora es más visible.
“La publicación de denuncias es la expresión de una preocupación ciudadana que tenemos cuando ocurren estas cosas. Se recurre a las redes sociales por la necesidad de activar una alerta social”, dijo Blandón, quien añadió que las organizaciones de derechos humanos siempre han sostenido que las primeras 48 horas son de vital importancia para salvar a las personas desaparecidas o secuestradas.
¿Quiénes son los secuestradores?
Karla es categórica al señalar que han documentado casos de secuestros de menores de edad, especialmente niñas, en los que los secuestradores son acosadores “hombres cercanos que las están enamorando constantemente”.
“Pero también hay desconocidos”, refiere Karla.
Los especialistas consultados señalan que muchos de estos secuestros a menores terminan en violencia sexual. Cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal (IML) revelan que, entre 2018 y 2023, se realizaron peritajes por violencia sexual a 23,499 menores de 18 años. De ese total, 20,408 casos fueron de niñas y adolescentes mujeres.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) reporta que, entre 2018 y 2022, se registraron 2,522 casos de violación a menores de 14 años, de los cuales se resolvieron 2,288. Entre 2021 y 2022, la efectividad policial en estos casos se redujo de 92.6 por ciento a 87.3 por ciento, según cifras oficiales.
Las organizaciones también han documentado casos de secuestros relacionados con trata de personas.
“Hemos registrado casos de trata, sobre todo en las zonas fronterizas hacia Honduras”, señala Karla.
Sobre este delito, Nicaragua no cuenta con cifras detalladas. Sin embargo, el Ministerio Público contabiliza 13 casos entre 2021 y 2023, mientras que la Policía Nacional, en 2021, registró cuatro casos. No obstante, se desconoce cuántos casos registró en los años siguientes, ya que no actualizó sus informes.
Familias de niñas, niños y adolescentes en desaparición forzada vulnerables ante extorsiones y acoso
Una madre consultada bajo anonimato señaló que, durante la desaparición de su hija, además de lidiar con el estrés, muchas personas la acosaban con llamadas luego de hacer público su número de teléfono en redes sociales con el objetivo de conocer información sobre el paradero de la menor.
“Muchas veces los familiares son víctimas de acoso y extorsión. Al publicarse los números de contacto para recibir reportes, no todos los avisos son reales, lo que añade una carga emocional y de seguridad a quienes buscan a sus seres queridos”, refiere Julia.
apoyo policial condicionado podría reflejar una situación más grave
Aunque las familias hacen públicas las denuncias de desaparición, una vez que los menores aparecen, muchas prefieren no hablar del tema.
“Preferimos que no se hable del caso de mi hijo. Ya eso pasó, él está bien y queremos olvidar. Hacemos como que nunca pasó”, dijo una de las madres consultadas por Galería News.
Otros familiares simplemente prefieren no responder. Para especialistas, esto puede deberse al temor de exponerse públicamente y sufrir represalias.
Una vocera de una de las organizaciones consultadas señaló que han registrado casos en los que la Policía se incomoda cuando las desapariciones se vuelven muy visibles en redes sociales y medios de comunicación.
“Por ello, la mayoría de las denuncias se publican directamente en los perfiles de los familiares, lo que también ayuda a sensibilizar a la comunidad y a proteger a las organizaciones que apoyan estos casos en un contexto complejo como el actual en Nicaragua”, refirió.
Blandón señaló que esta ayuda condicionada busca evitar que se exponga la gravedad del problema, ya que el régimen Ortega-Murillo insiste en que Nicaragua es un país modelo en cuanto a la equidad de género.
“La Policía no quiere que se hable de esto para que no se constate que en Nicaragua hay una ausencia de compromiso de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. No quieren que se divulgue el incremento de la violencia porque eso ratifica que no están haciendo su trabajo”, dijo Blandón.
¿Qué se puede hacer?
Julia recomienda que, cuando se registre la desaparición de una niña, niño o adolescente, se denuncie en redes sociales para darle visibilidad y generar apoyo comunitario. También sugieren buscar ayuda emocional para la familia.
La psicóloga Imelda Torres Chamorro afirmó que, cuando un menor reaparece, se debe buscar asistencia psicológica tanto para la víctima como para su círculo familiar.
“La familia se somete a un estrés extremo con consecuencias a corto y largo plazo. Tanto la víctima como sus familiares requieren atención psicológica de urgencia. ¿Qué hacer en estos casos? Es fundamental ponerse en contacto con las autoridades de inmediato para que los especialistas en negociación asesoren el proceso en caso de que el secuestro ocurra”, dijo Torres.
Desapariciones forzadas de niñas, niños y adolescentes: una tarea pendiente del Estado nicaragüense.
Mientras tanto, no existen planes estatales para contener esta situación y decenas de menores siguen desapareciendo, generando zozobra en sus familias y comunidades.
“En Nicaragua casi nunca se ha estudiado la situación de secuestros de menores. Es algo que debería hacerse para frenar este patrón. Es una epidemia silenciosa en las zonas rurales, principalmente”, advierte Karla.
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Para la elaboración de este reportaje, Galería News consultó a ocho fuentes. Seis de las personas entrevistadas usaron el anonimato para protegerse de represalias del Régimen sandinista.
