Por Camelia Muñoz y Abigail Hernández

La migración irregular desde Nicaragua hacia Estados Unidos, pasando por México, no sólo implica desafíos físicos extremos, como el cruce del río Bravo o el tránsito por el desierto, sino que expone a los migrantes a redes criminales y a la desatención de sus propios Estados.

Según una abogada y defensora de derechos humanos, de quien ocultamos su identidad por seguridad, esta problemática evidencia una alarmante falta de instrumentos y herramientas efectivas para la protección de los derechos de los migrantes, especialmente de los niños y adolescentes.

Ella trabaja para una organización de derechos humanos vinculada a la migración y reside en una ciudad del triángulo norte de Centroamérica.

Ella señala que en Nicaragua, la situación de los derechos de los migrantes es particularmente grave.

Dice que durante años, el enfoque estatal ha pasado de priorizar la protección de los connacionales a concentrarse en políticas de seguridad interna.

Esto ha llevado al desmantelamiento de organismos como la Dirección General de Atención al Connacional, dejando a las familias sin apoyo institucional en casos de desaparición.

La abogada enfatiza que esta inacción estatal, sumada al miedo de las familias de denunciar, ha creado un limbo que perpetúa la vulnerabilidad de las personas migrantes desde Nicaragua y en su ruta por ese país.

El caso de Sofía Abigail Huete Caballero, una niña nicaragüense desaparecida en mayo de 2022 durante un intento de cruzar el río Bravo con su madre, ejemplifica esta crisis, a criterio de la especialista.

“Es un caso emblemático que refleja la ineficiencia de Nicaragua para garantizar los derechos de su población, incluso en el extranjero”, afirma.

Este caso pone de relieve la falta de registros oficiales, protocolos de búsqueda y mecanismos de apoyo psicosocial para las familias de migrantes desaparecidos.

Sin registros confiables

Ella señala que Nicaragua no tiene listados oficiales para personas desaparecidas, mucho menos de quienes son menores de edad.

“Ni siquiera existe un registro desagregado que permita identificar los casos de niños, niñas y adolescentes en contextos migratorios”, asegura. En contraste, países como Guatemala cuentan con mecanismos específicos, aunque insuficientes.

En Nicaragua, los principios básicos del Código de la Niñez y la Adolescencia no se traducen en acciones concretas para proteger a los menores desaparecidos, acusa.

Y dice que esta omisión deja a las familias en total desamparo, sin rutas claras para denunciar ni herramientas para iniciar búsquedas.

Además, la abogada resalta que las desapariciones no solo afectan a los menores que migran, sino también a los niños y niñas que quedan en Nicaragua, enfrentando la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus familiares. “Este impacto trasciende el núcleo familiar, afectando profundamente la cohesión social”, dice.

El impacto regional y la inoperancia de México

La situación de México como país de tránsito agrava el problema. Según la especialista, México no ha implementado políticas eficaces para la búsqueda de migrantes desaparecidos ni para proteger a los menores en movilidad.

“Sabemos que muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado y que el Estado no ha hecho lo suficiente para investigar ni ofrecer justicia a las familias afectadas”, explica.

El endurecimiento de las políticas migratorias en México también obliga a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, exponiéndolos a riesgos mayores, expone. Ella denuncia que no hay planes claros de identificación de víctimas ni procesos de reparación para las familias.

En el caso de Sofía, la abogada subraya que no se ha visto una acción contundente por parte del gobierno nicaragüense para exigir una investigación veraz a México ni para acompañar a la familia en su duelo.

“Este vacío institucional refleja un abandono sistemático de los derechos de los migrantes por parte de ambos países”, señala.

Recomendaciones para las familias y desafíos regionales

Ante este panorama, la especialista llama a las familias a no guardar silencio y buscar canales de denuncia fuera del país a través de medios electrónicos seguros.

Aunque más de 5,500 organizaciones de la sociedad civil han desaparecido en Nicaragua en los últimos seis años, ella recomienda buscar información confiable sobre los derechos de los migrantes y las obligaciones de los Estados para exigir justicia.

Finalmente, enfatiza la necesidad de abordar las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la inseguridad y la persecución política.

Asimismo, insta a los países centroamericanos a unificar esfuerzos y exigir cuentas a México y a otros Estados involucrados en las rutas migratorias.

“Es urgente crear mecanismos de búsqueda, registro y reparación para las familias afectadas. También debemos cambiar las narrativas sobre la migración y enfocarnos en la protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables: los niños y adolescentes”, concluye.

Guatemala: se multiplica ingreso de niñez migrante a México

Luis Alberto Vázquez Sarat, de 17 años, nunca conoció a la niña nicaragüense Sofía Abigail Caballero Huete, pero sus historias se entrelazan. Los dos son víctimas del delito de desaparición forzada en México.

Luis Alberto, originario del departamento de Suchitepéquez, Guatemala, tenía 17 años cuando desapareció en el Estado de Chiapas junto a nueve personas más. Desde entonces sus familiares buscan el rastro del adolescente.

Este joven es un migrante económico que cruzaba los municipios de la zona fronteriza México guatemalteca junto a otros vendedores que habían establecido un circuito para la venta de pollo en la frontera con Chiapas. Circulaban por los municipios de Comalapa, Siltepec, Chicomuselo, El Porvenir y Motozintla y, luego de vender sus productos, regresaban a Guatemala.

Luis Alberto fue reportado como desaparecido el 16 de noviembre de 2023. Ha pasado un año y su familia se ha topado con la indiferencia, silencio, omisión e ineficiencia de los Estados de México y Guatemala. “Nadie responde, México, el más indiferente” señala Otilia Agustín, asesora y promotora psicosocial de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala.

Agustín se ha especializado en el acompañamiento de familiares en comunidades de origen de personas migrantes irregulares forzadas a desaparecer en México. Para ella, la situación de estas personas es desoladora y más cuando se trata de menores de edad víctimas de este delito.

Jaime Solares, director de la Red Jesuita con migrantes de Guatemala coincide con Agustín y afirma que el incremento de la migración de personas centroamericanas hacia Estados Unidos de manera irregular ha aumentado a partir de la pandemia de la Covid 19. Aunque no es el único factor, sí ha marcado un antes y un después en el “anhelo del sueño americano”, sobre todo en las características de las personas migrantes.

“La migración está aumentando. Antes, podría decir unos años atrás, la mayoría eran adultos hombres que se desplazaban, ahora la mayoría son grupos mixtos, familias integradas con niños, niñas y adolescentes” afirma Solares.

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migraciones (IGM) durante los últimos años, se ha identificado un aumento sustancial de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos que han emigrado de manera irregular, parte de los cuales son retornados por México o Estados Unidos, quienes entre el año 2020 y 2021 incrementaron su arribo como “niñez retornada a Guatemala”.

Los grupos mixtos, como caracteriza la Red Jesuita con Migrantes a los grupos de familias que integran mujeres y niñez, cada vez son más. La migración de menores, junto con la de mujeres, es una de las nuevas caras de la migración internacional que crece día a día. Y aunque la organización trabaja por extender apoyo humanitario, legal y psicosocial a las personas migrantes, ha tenido que abrirse a la recepción de denuncias sobre desapariciones forzadas de migrantes guatemaltecos en México.

Una realidad que representa la extensión de la peligrosidad de las desapariciones forzadas a los y las menores de edad sobre todo en su paso por México: “hay niños y niñas de todas las edades, no son solo de cinco o seis años en adelante, en los grupos de migrantes hay bebés o vienen mujeres embarazadas” explica Magadalena Fajardo, psicoterapeuta guatemalteca especializada en atención a niñez migrante en condición irregular.

La peligrosidad a la que refiere Fajardo son los cárteles mexicanos ligados a la trata infantil de personas, tráfico de órganos y narcotráfico.

Cementerio de migrantes

En 2020 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advirtió que el acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos era de “alto riesgo” para los niños, niñas y adolescentes migrantes, pues ha reducía considerablemente el acceso de los menores a la seguridad y la protección internacional.

“En México, los Protocolos de Protección de Migrantes han provocado un aumento en el número de niños migrantes varados en las zonas fronterizas mientras esperan que sus casos de asilo sean tramitados por el sistema judicial de Estados Unidos, un proceso que puede tomar meses. En muchas de estas zonas, los niños migrantes y sus familias se enfrentan a la explotación, la violencia y el abuso, y carecen de acceso a servicios esenciales” alertó UNICEF.

Producto de las políticas migratorias que los países centroamericanos, Estados Unidos y México han implementado, se ha criminalizado la migración de las personas. Por ello se hace aún más difícil el acceso a la justicia para las personas migrantes irregulares víctimas del delito de desaparición forzada.

“México se ha convertido en un cementerio de migrantes y eso es evidente, por todo lo que está pasando en Chiapas, la crisis humanitaria de Tapachula. Allí ves parques inundados de personas migrantes y las autoridades mexicanas no brindan apoyo con acciones concretas” afirma Jaime Solares, convencido de que esas políticas afectan directamente la seguridad de la infancia y adolescencia migrante, cuyos flujos migratorios aumentan año con año.

En 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) registró más de 149,000 niños cruzando en ese año fiscal y más de 155,000 en el año fiscal 2022. En los primeros siete meses del año fiscal 2023, más de 83,000 niños ingresaron al país, según la CBP.

Solares, Agustín y Fajardo saben de la existencia de casos de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos desaparecidos en México durante su tránsito irregular hacía Estados Unidos, pero desconocen las cifras exactas.

“En Guatemala tenemos un problema serio, es que no hay ningún registro de personas desaparecidas. Es uno de las de las necesidades que nosotros hemos pedido de urgencia al Instituto Guatemalteco de Migración, que se cree una base de datos para personas desaparecidas” afirma Solares, quien reconoce que en temas de niñez la situación es peor “las autoridades guatemaltecas no hablan de esto y las mexicanas mucho menos”.

Centro América en silencio

Buscar información relacionada a bases de datos, pronunciamientos estatales, o cualquier tipo de información pública por parte de los gobiernos centroamericanos sobre desapariciones de niños, niñas y adolescentes centroamericanos desaparecidos forzadamente en México es un sueño, simplemente no existen.

“Si en Guatemala no hay bases de datos de personas adultas desaparecidas, mucho menos de menores de edad” afirma con ironía y molestia Jaime Solares y explica: “por ejemplo, nosotros no somos una institución que su trabajo más fuerte sea la búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros le damos seguimiento a personas desaparecidas desde la red de atención por la necesidad existente”, un servicio que han abierto por la poca atención que los familiares de personas migrantes desaparecidas reciben.

Para Otilia Agustín el mayor problema ante las desapariciones forzadas de menores es la falta de acción de los gobiernos centroamericanos ante esta realidad.

“No hay una presión a México para que responda, no les interesa tampoco investigar o dar el seguimiento a los grupos y círculos donde se pierden los niños a pesar de ser firmantes de la Convención sobre los derechos del Niño”

Otilia Agustín

Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2023 una Política Migratoria para orientar a las instituciones inmersas en la gestión migratoria del país, a fin de articular acciones con el propósito de atender efectivamente la migración en todas sus dimensiones. Pero esto no implica que haya una incidencia en el Estado mexicano; “aunque articulemos desde Guatemala, no logramos nada con México, hay reuniones con las oficinas migratorias y otras instancias ante casos de desapariciones, pero no pasa nada. Hacen caso omiso de los acuerdos, no les interesa” señala frustrada Agustín.

Para Jaime Solares, que los Estados centroamericanos y sobre todo México asuman la existencia de desapariciones de niñez y adolescencia migrante en su territorio “sería asumir su ineficiencia y la debilidad de sus instituciones. Hay corrupción, hay ineficacia, se duda hasta de sus bases de datos sobre personas desaparecidas, muchos dicen que cambian de la noche a la mañana” y están las denuncias de desapariciones pero las personas nunca llegan a aparecer en los listados.

Niñas, niños y adolescentes de origen nicaragüense y guatemalteco no son las únicas personas que enfrentan el peligro de las desapariciones forzadas en su trayecto de migración irregular por México. Los bancos de datos forenses creados por el Proyecto Frontera —que lidera el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Guatemala, Honduras, El Salvador y México—, señalan que entre 10 y 12 por ciento de los migrantes reportados como desaparecidos durante su trayecto hacia Estados Unidos, son niñas y niños menores de 12 años.

Y sus bases de datos reflejan la localización de cuerpos de menores de edad provenientes de El Salvador y Honduras.

Atención urgente

En el caso del adolescente guatemalteco Luis Alberto Vázquez Sarat y de la nicaragüense Sofía Abigail Caballero Huete, no hay respuesta por parte de los gobiernos de Nicaragua, Guatemala o México, pero sobre todo de este último. Por ello, las organizaciones de sociedad civil acompañantes de las familias de ambos menores en el proceso de su búsqueda, exigen que los gobiernos centroamericanos se coordinen para encontrar a sus hijos e hijas.

En su momento estas acciones se solicitaron para el caso de Sofía Abigail Huete Caballero, las mismas que, según instancias de sociedad civil defensoras de los derechos de personas migrantes, deben ser parte de un protocolo regional de cara a las desapariciones forzadas de menores de edad en México, un protocolo inexistente en Guatemala, Nicaragua y México.

“Este trabajo investigativo que hacen ustedes como periodistas nos abre más los ojos” afirma Solares “pues es de urgencia que se atienda el caso de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Los gobiernos no hacen nada porque, siendo honestos, esto está ligado al crimen organizado”.

En la mira de los grupos criminales

Para Otilia Agustín, el mayor peligro lo enfrentan las niñas, niños y adolescentes que migran sin compañía de adultos, un segmento que identifican como “menores no acompañados”. Para ella, “la mayoría de estos un día deciden tomar el camino en busca de sus padres o madres que migraron antes, los y las menores se sienten solos y quieren estar con sus familias, entonces, un día toman la ruta”.

Sobre este grupo se habla mucho menos, a veces, ni las mismas familias se enteran de que los y las menores dejaron las casas para ir en búsqueda de sus padres y madres. Los niños, niñas y adolescentes migran por sus familias, “quieren reunificarse. Otros ni saben lo que es migrar, son llevados como en una aventura en busca de un sueño familiar, migran voluntaria o involuntariamente y en el camino son secuestrados, asesinados o mueren”.

Para la abogada nicaragüense experta en migración y acompañamiento de familiares de personas migrantes víctimas de desapariciones forzadas, el tema de niñez y adolescencia debería ser un tema prioritario para los gobiernos de la región. Sin embargo, la apatía e indiferencia a esta realidad sólo es la prueba “de lo mucho que le falta al gobierno mexicano y a los centroamericanos para hacer uso de sus leyes en favor de la protección de sus menores de edad, sin importar el país en donde estén”.

Epílogo

Enoc pasó un año retenido por autoridades mexicanas tras perder a su madre

Ivonne Isamar Espinoza y su hijo Enoc, originarios de Honduras, vivieron en Ciudad Acuña, Coahuila, desde 2021, tras obtener la visa humanitaria que le permitía a la mujer trabajar y a su hijo ir a la escuela. Todo cambió el 23 de diciembre de 2023, cuando Isamar murió poco antes de Navidad, luego de pasar varios días inconsciente con el niño, quien la creía dormida, a su lado.

En una llamada desde Honduras de su tía Xiomara Barahona, prima de su madre, Enoc le dijo que su madre “estaba dormida”. Una siguiente llamada en la que el niño dijo lo mismo preocupó a su familia, que le pidió al niño salir a la calle a buscar ayuda.

Una vecina constató que Ivonne estaba inconsciente y pidió a otras personas que la apoyaran para trasladarla a un hospital. El menor permaneció varios días bajo el cuidado de ellos, hasta que su madre falleció.

Enoc había cumplido 9 años el 25 de septiembre. A pesar de estar identificado como refugiado en México, el niño hondureño fue desaparecido e incomunicado por parte de las mismas autoridades.

La familia materna de Enoc esperó por casi un año la resolución para que el niño pudiera retornar a su país y reunirse con ella, lo que se logró hasta el 4 de diciembre de 2024. Todo porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pretendió en vano que el niño permaneciera en una casa hogar en México, donde vivió solo el duelo por la pérdida de su madre.

Mientras tanto, desde Estados Unidos y Honduras, su padre y las primas de su madre duraron por lo menos un mes sin saber dónde se encontraba.

Enoc fue llevado a una casa hogar en Ciudad Acuña, pero las autoridades de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) no se coordinaron con el consulado de Honduras, ni con el Instituto Nacional de Migración para ubicar a familiares del menor de manera inmediata.

Xiomara Barahona señaló que tardó casi un mes en tener noticias sobre la ubicación del niño, ya que éste respondía a las llamadas telefónicas pero no sabía exactamente dónde se encontraba. Le dijo que “era una casa con muchos niños” y le pedía que ya fuera por él porque no quería permanecer ahí.

Por la intervención de una periodista en Acuña se logró establecer contacto con autoridades del consulado de Honduras y de la PRONNIF, luego de que personal del albergue ya no le permitía hablar por teléfono.

La delegada de la PRONNIF en Ciudad Acuña, Abigail García Ramos, ofreció su teléfono para que la familia de Enoc se entrevistara con personal de la dependencia, a la que corresponde autorizar la comunicación que se interrumpió, violentando los derechos de Enoc, quien además de pasar solo por el fallecimiento de su madre no pudo asistir a su sepelio, pues su cuerpo fue repatriado a Honduras en marzo del 2024.

“Pertenece a México”, justificación de autoridades

Sobre el caso en particular, y en general de los menores migrantes que han quedado bajo resguardo de la dependencia estatal, se pidió en varias ocasiones entrevista con la titular de PRONNIF en el estado de Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno, pero se negó a atender la petición. También se pidió la entrevista a través de la dirección de Comunicación Social del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sin respuesta. 

A las irregularidades que cometió la PRONNIF del estado de Coahuila se suman acciones de personal de la COMAR también denunciadas por la familia de Enoc.

Xiomara explicó que un abogado de dicha institución les dijo que el pequeño contaba con documentos de asilo y que por eso “pertenecía a México”, a pesar de que Enoc expresó su deseo de regresar a su país con su familia materna.

Aunque Xiomara fue contactada semanas atrás para esta publicación, pidió que el caso no saliera a la luz pública hasta que tuvieran a Enoc de regreso, porque temían represalias por parte de la PRONNIF, que lo mantuvo por semanas incomunicado y sin reportar del caso a ninguna autoridad, y de la COMAR que pretendió asignar al niño documentos para permanecer en México, lo que abría las posibilidades de que fuera adoptado o siguiera en la casa hogar.

La tía, que conoce el marco legal para el caso de los refugiados en México, explicó que la visa humanitaria que le permitió a su prima y su sobrino permanecer en Ciudad Acuña por dos años venció en febrero del 2024, unos meses después del fallecimiento de Ivonne Isamar.

Además, la mujer había salido de México en abril del 2023 junto con su hijo, por lo que ya había perdido los derechos de permanecer en el país legalmente.

Aún así, los familiares esperaban que al vencer la visa humanitaria, Enoc pudiera regresar con su familia a Honduras. Pero en un primer juicio se les negó la repatriación del menor porque la COMAR afirmaba que el niño “tenía documentos mexicanos”.

“Yo también he estado en México; yo sé lo que es pedir los papeles con COMAR y cómo perdemos los derechos cuando volvemos a nuestro país. Yo le leí el código a él (al abogado de COMAR) cuando nos fuimos a un debate y yo le dije que ella en el 2023 vino a Honduras y eso significa que los papeles eran nulos y perdió todos los derechos”, explica Xiomara.

Sin embargo, la COMAR se empeñó en que se le otorgara al niño una visa permanente en México, lo que impediría su retorno a Honduras, así que la familia emprendió otro juicio.

“Yo empecé a mover un poco más y entramos al juicio con él y le reclamé (al funcionario responsable) que quién le autorizó sacarle un papel más si se le venció en febrero y él tenía familia. Que tenía que buscar a una persona mayor porque es un menor y no se dispone solo. Y entonces creo que ahí también entró como en duda de lo que él había hecho y siento que él faltó a los derechos del niño”, señala.

En agosto del presente año, el cónsul de Honduras en Monterrey hizo una visita a la familia materna en Comayagua, Honduras, para revisar las condiciones en las que se encontraban y si eran las óptimas para Enoc.

Xiomara menciona que incluso entrevistaron a sus jefes con quienes trabaja desde hace 6 años y ella le pidió al cónsul que le pudiera llevar unas cosas al niño.

“Mi niño, el más pequeño de seis años, le hizo una carta contándole de que él estaba en la escuela y que aquí lo esperaba para que fueran juntos; que lo queríamos mucho. Bueno, un montón de cosas de niño contándole y recordándole lo que ellos hacían. Las cosas le llegaron y pues cuando el niño recibió todo y hablé con él dice que se puso muy alegre”, recuerda.

Semanas después, la familia le envió dinero para que en la Casa Hogar le compraran un pastel por su cumpleaños. Personal de la COMAR y la PRONNIF acudió a entrevistarse con Enoc y le preguntaron si quería quedarse en México; él y respondió que no; mostró las fotografías y la carta para demostrarles, a sus 10 años, que sí tenía familia en Honduras y quería estar con ella.

“Después de eso, las autoridades dijeron que junto a eso ellos no podían y que, la verdad, el niño no tenía por qué estar allá sino con su familia en Honduras, porque sí tenía una familia que estaba esperando por él. Entonces después de todo eso me dijeron de que iban a dar una segunda oportunidad en el juicio y pues ahí estamos, pidiéndole a Dios porque hasta me dijeron que sí habían dado la resolución y que el niño regresará al país”, dijo Xiomara en entrevista unos días antes del fallo, que finalmente fue a su favor.

El 5 de diciembre, a pocos días del primer aniversario de la muerte de su madre, Enoc se reunió con su familia en Honduras.