Por Gloria Leticia Díaz, María José Puente Zavala y Camelia Muñoz

Desde hace 15 años, una vez declarada la “guerra contra el narcotráfico” por el entonces presidente Felipe Calderón (que gobernó el país del 2006 al 2012), quien dio esta tarea a las Fuerzas Armadas, la violencia extrema en México se ha ido incrementando sexenio tras sexenio.

El escenario criminal disparado desde 2006 ha impactado a poblaciones vulnerables, entre ellas personas en situación de movilidad originarias de diversos países, incluyendo a niñas, niños y adolescentes que atraviesan el país en busca de cruzar el Río Bravo y llegar a Estados Unidos, acompañados por algún familiar o persona adulta, o solos.

La desaparición de la niña Sofía Abigail Caballero Huete se convirtió en uno de los casos emblemáticos de lo que ocurre con esta población y las deficiencias en las búsquedas e investigaciones.

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado de 2023, México ha sido considerado como el tercer país de 193 con mayor criminalidad en el mundo, sólo por debajo de Myanmar y superado por Colombia, convirtiéndose en el segundo país con mayor criminalidad del continente.

A partir del gobierno de Calderón, “comenzó el periodo de exaltación de la violencia contra la población migrante y aparición de fosas clandestinas en varios estados de la república”.

Actualmente hay “una expansión y reacomodo de los grupos delictivos”, alentado por la política de “abrazos, no balazos”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta política ha sido ratificada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, su sucesora.

Esto revela una falta de voluntad del gobierno para atacar el problema, se destaca en el reporte “Información sobre desaparición y desaparición forzada en México para aportar a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, del 1 de agosto 2024, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización civil dedicada de manera preponderante a la defensa de migrantes.

La FJEDD representa legalmente a 235 familiares de víctimas de desaparición, “parte de las cuales han sido localizadas sin vida a lo largo de los años y algunas con vida”. El 90% de los casos corresponden a hombres jóvenes de entre 20 y 40 años de edad y el resto de entre 17 y 50 años. En su mayoría tienen escolaridad entre primaria y secundaria y originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, que decidieron migrar de manera irregular.

La Fundación tiene oficinas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador para documentar casos de víctimas de desaparición, ejecución y masacres durante su tránsito por el territorio mexicano. En su informe alerta sobre un “subregistro” de personas migrantes desaparecidas en México en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Resalta que, al corte del 8 de julio de 2024, el RNPDNO registraba 115 mil personas desaparecidas y no localizadas, seis meses después la cifra subió a 119 mil 773, sin embargo la cifra de personas migrantes dentro de ese listado se mantenía inamovible, 248 personas migrantes aunque siguen apareciendo más denuncias de nuevos desapariciones durante su tránsito irregular por México.

Se identifica que los estados de mayor incidencia de abusos contra la población en situación de movilidad son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Baja California y Chihuahua, estados fronterizos con Estados Unidos. En la frontera con Guatemala está Chiapas. La lista la completan Guanajuato y San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz; estos estados se encuentran en las regiones del centro y sureste de México, en el recorrido de las personas migrantes para llegar a Estados Unidos.

A merced de traficantes y redes de trata

Otra organización civil mexicana, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó en diciembre de 2024 el Informe Sobre Trata y Desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Contextos de Movilidad.

Éste señala que entre enero de 2019 y junio de 2024 se reportó la desaparición forzada de 7 mil 276 niños, niñas y adolescentes. De estos, 25 fueron personas menores en contextos de movilidad. Más de la mitad fue reportada como desaparecida en el 2023.

De los 25 casos, casi la mitad son niños y adolescentes varones y el resto son niñas y adolescentes mujeres, de una edad promedio de 15 años. Pero hay casos de niños y niñas desaparecidas con 4 años de edad.

El informe precisa que 40 niños, niñas o adolescentes han fallecido o desaparecido en la frontera de México con Estados Unidos.

Raquel Maroño, quien acompaña a colectivos de personas desaparecidas y es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), expuso en este informe: “existe la hipótesis desde los colectivos y las organizaciones de que cuando un menor desaparece hay la posibilidad de que fueron llevados para fines de trata sexual, realizar trabajo forzado o puesto en adopción ilegal”.

En el documento se confirma que en los últimos años se ha incrementado el número de personas menores de 17 años que participan dentro de los flujos migratorios con grupos familiares o por su cuenta propia.

Bajo el contexto de violencia en México, donde cada hora desaparece una persona y que por cada víctima de trata existen 20 sin identificar, REDIM plantea en su informe: “es necesario preguntarse ¿qué sucede con las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en contextos de movilidad en el territorio mexicano?”.

Sobre esto, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho refiere que la población en situación de movilidad está expuesta a los secuestros masivos, de grupos pequeños o individuales, “con o sin episodios de extorsión, pudiendo derivar en la liberación y eventualmente cruce fronterizo de las personas o en su desaparición”. También a ser privada de su libertad en “casas de seguridad” y a ser torturada.

Los hechos de violencia contra personas migrantes se atribuyen a “importantes grupos delictivos, inclusive de carácter transnacional, que incluyen cobros por parte de personas que les ofrecen llevar a quienes quieren migrar, hacia Estados Unidos, por un monto económico que varía de la zona territorial o del país donde se encuentren en Centroamérica”.

A esos escenarios se suma la vulnerabilidad en que se encuentran aquellas personas migrantes que deciden recorrer las fronteras por su cuenta, ante las dificultades para conseguir una visa hacia México o Estados Unidos.

La FJEDD destaca que la información proporcionada por las víctimas que representa “sugiere la tolerancia o inclusive la participación, por acción u omisión de instancias gubernamentales, en especial cuerpos policiales locales (municipales o estatales), autoridades migratorias e inclusive castrenses”.

Del análisis de los casos litigados, la organización ha identificado distintas formas de responsabilidad de los agentes del Estado en la desapariciones de personas migrantes, como la “tolerancia a las actividades de grupos delictivos” o incluso apoyo a estos, “mediante la ausencia de autoridades en lugares estratégicos y conocidos, dejando de pasar en lugares y rutas, etc.”.

La participación de las autoridades puede llegar al extremo de “la entrega de personas a grupos delictivos”, o peor aún, a la actuación directa en “la privación de la libertad, desaparición o muerte de las personas”.

Corrupción y mano dura en el Instituto Nacional de Migración

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las restricciones para transitar libremente contra la población en condición de movilidad por el país se agudizaron como política migratoria motivada por las exigencias del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump de contener la migración del Centro y Sudamérica, a cambio de no incrementar aranceles a los productos mexicanos que llegan a su país.

Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión el 20 de enero y ha tomado ya las primeras medidas para implementar una política similar o endurecida.

La mano dura y militarizada de la política migratoria ha tenido a su máximo exponente en el responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, un político cercano al expresidente López Obrador desde que éste fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, especializado en la administración de prisiones.

Durante la gestión de Garduño al frente del INM se han registrado varias denuncias por abusos cometidos por sus subalternos, por las retenciones excesivas en estaciones migratorias donde las personas migrantes reportaban condiciones inhumanas de detención.

El caso más grave registrado en su gestión fue el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, en el que murieron 40 personas migrantes y 27 resultaron lesionados.

Por esos hechos, a Garduño se le vinculó a proceso penal el 30 de abril de ese mismo año, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, proceso penal que sigue fuera de prisión.

Unos días después de asumir el poder, el 8 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Garduño Yáñez sería relevado el 15 de diciembre por el entonces gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina, una vez que terminara su mandato.

Una investigación periodística publicada en la edición de Proceso de noviembre de 2024 por la periodista Gabriela Hernández, fundada en documentos oficiales, alertó que, como gobernador, Céspedes Peregrina nombró como titular del Registro Civil del estado a José Francisco de la Fuente Flores, señalado por estar presuntamente involucrado en el tráfico de migrantes. Para ello, según la investigación, accedió al Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) y subió “actas apócrifas de nacimientos y matrimonios de migrantes chinos que estaban siendo usadas para regularizar estatus migratorios ante el INM” a cambio de dinero.

A pesar de los indicios de corrupción, la única medida tomada fue destituir a José Antonio De la Fuente. No hubo una investigación del caso.

Pero el gobernador Céspedes Peregrina rescató a De la Fuente y lo nombró titular del Registro Civil del estado, el 15 de marzo de 2024. Pero después de la publicación de la investigación, De la Fuente renunció al cargo y posteriormente se le inició un proceso. Esta vez fue vinculado penalmente por presunta falsificación de documentos e incumplimiento del deber.

Además, el nombramiento de Salomón Céspedes al frente del Instituto Nacional de Migración quedó en suspenso sin que se informara el motivo. Al cierre de este reportaje, Francisco Garduño seguía al frente del INM.

Pero los abusos cometidos por personal del instituto no han sido señalados solamente en el periodo de Garduño, como tampoco las omisiones en atención y registros, así como la falta de protocolos y aplicación de las leyes para atender a niñas, niños y adolescentes migrantes internacionales.

Así lo muestran ejemplos encontrados en dos entidades de la ruta migratoria, San Luis Potosí y Coahuila, la entidad donde se perdió el rastro de Sofía Abigail.

En San Luis Potosí, múltiples riesgos para adolescentes migrantes

San Luis Potosí se ubica en la antesala de la frontera con Estados Unidos. Lo atraviesan dos de las principales rutas de transporte de carga en México: la carretera federal 57, que corre desde la Ciudad de México hasta Piedras Negras, en el estado de Coahuila; y la vía ferroviaria México – Nuevo Laredo, que comienza su recorrido en la capital del país y termina en la limítrofe de Tamaulipas con el vecino país del norte. 

Esa conectividad, pensada en función del impulso a la actividad industrial en México y Estados Unidos, ha significado también la alternativa para que millones de personas, en su mayoría provenientes de países de centro y sudamérica, atraviesen la República Mexicana en busca de una oportunidad para cruzar la frontera. 

La entidad colinda al norte con Coahuila, a donde llegaron las nicaragüenses Irma Huete y Sofía Caballero, madre e hija respectivamente, para intentar fallidamente cruzar el Río Bravo, en mayo de 2022, cuando Irma falleció ahogada y Sofía desapareció.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) definió esa ruta como Centro, una de las tres principales que las Fuerzas Armadas patrullan porque a menudo son empleadas por traficantes de personas que llevan grupos en transportes disfrazados como de carga, de turismo o de pasajeros.

También son usadas de forma autónoma por personas migrantes, quienes al transitarlas están expuestos a un cúmulo de amenazas y riesgos que en San Luis Potosí, de acuerdo con datos oficiales, son tangibles.

En los últimos 10 años han sido reportadas como desaparecidas en el estado al menos 31 personas migrantes originarias de países centro y sudamericanos, entre quienes se encuentran, principalmente, adultos y adolescentes.

Además, las y los menores de edad han sido particularmente vulnerados por las autoridades locales, que no solo incumplen con la obligación de protegrles, sino que les agreden y violentan sus derechos humanos.

Proceso solicitó información a instancias como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La falta de certeza y consistencia de las estadísticas oficiales sobre delitos cometidos contra personas migrantes en el estado es también síntoma de una situación que se agrava e invisibiliza.

Funcionarios agresores

“Esta noción de ‘migrantes ilegales’ es incorrecta, estigmatizante y discriminatoria. No hay personas ilegales. Están en un estatus migratorio irregular que es una falta administrativa. En México, a diferencia de Estados Unidos, no es un delito ingresar de forma irregular, es una falta administrativa”, apunta Guillermo Luévano, académico y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La Clínica ha suscrito un convenio con ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, para proporcionar asesoría y representación legal a personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas en el país. La mayoría de los casos que atienden corresponden a personas originarias de Honduras, Guatemala y El Salvador que pasan por San Luis Potosí en su trayecto para llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con Luévano, al menos dos terceras partes de la población transmigrante que ingresa al país, lo hace sin poner en conocimiento de ello a las autoridades migratorias -con todo y las obligaciones que estas tienen de proporcionar un trato humanitario y la información necesaria para que puedan regularizar su estancia- porque temen ser detenidos, retornados a sus países e incluso víctimas de delitos en el proceso.

Entre enero y septiembre de 2024, al menos 925 mil 85 personas que ingresaron a México de forma irregular fueron presentadas en alguna de las oficinas estatales del Instituto Nacional de Migración para su regreso a sus países de origen o para ser canalizados hacia instituciones de asistencia social, con el objetivo de regularizar su estancia.

Otros logran evadir a las autoridades mexicanas para llegar a la frontera norte a bordo del enorme tren de carga conocido como La Bestia, pidiendo ‘aventón’ o pagando por los servicios de traficantes de personas, lo que implica recorrer un trayecto marcado por el
acecho de peligros en los que mujeres y niños, enfrentan una vulnerabilidad mayor.

San Luis Potosí, de acuerdo con datos del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias elaborado por el INM, se ubicó en 2020 como la cuarta entidad del país donde más migrantes denunciaron haber sido víctimas de un delito.

Para 2021 y 2022, el estado potosino alcanzó el segundo lugar a nivel nacional para esa estadística. Pero inexplicablemente, en 2023 y 2024, sin justificar el motivo, en el Boletín ya no aparecen datos de la entidad.

Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General del Estado reconoció haber recibido al menos 47 denuncias en 2023 y 76 en 2024, a través de su unidad de Atención Temprana y de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, por delitos cometidos contra personas originarias de países de centro y sudamérica como El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Nicaragua y Colombia.

Entre los delitos denunciados destacan robo, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, discriminación, extorsión, amenazas, secuestro, violación, tratos crueles e inhumanos y ejercicio ilícito de las funciones públicas, entre otros.

Tan solo entre mayo y junio de 2023 se registraron al menos dos casos de secuestro masivo de personas migrantes en el altiplano potosino, mientras viajaban rumbo al norte del país en transportes aparentemente destinados al turismo.

Entre los señalados de ejecutar y facilitar el secuestro estuvieron desde un alcalde hasta grupos de crimen organizado, pasando por policías municipales. Sin embargo, solo cuatro personas fueron detenidas y procesadas por esos hechos, pues se encontraban en el lugar donde fueron localizadas las víctimas.

Delitos sin castigo

En noviembre de 2013, el entonces delegado del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, Alberto Rojo Zavaleta, arribó a las instalaciones de la estación migratoria de la capital en estado de ebriedad e ingresó a la habitación donde se encontraban las mujeres y niñas que en ese momentos estaban albergadas.

Una adolescente hondureña de 16 años solicitó hablar con él, por lo que la convocó a su oficina, donde ella acudió acompañada de otra joven. Conversaron sobre su situación migratoria y posteriormente el funcionario intentó abrazarla y tocarla en el pecho.

Ella lo denunció y lo único que le recomendaron fue notificar a Derechos Humanos. Lo anterior consta en la recomendación 17/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2014 luego de investigar el hecho.

En el documento se asienta que Rojo Zavaleta acudía de forma regular en estado de ebriedad a desempeñar sus funciones como delegado del INM, y que hubo omisiones del personal de la estación que pese a conocer de ello no impidieron que el funcionario ingresara tanto a la estación como al dormitorio de las mujeres y niñas.

Además, a raíz de lo sucedido, el retorno asistido de la víctima fue puesto en pausa, a manera de reprimenda por haber denunciado a su agresor.

Por esos hechos, Alberto Rojo Zavaleta fue procesado, hallado culpable y sentenciado a prisión. Pero en 2021, después de años de litigio durante los que permaneció prófugo, consiguió ser absuelto del hecho e incluso logró recuperar su carrera política. Actualmente ostenta un cargo en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado.

Entre esa fecha y la actualidad, la CNDH ha emitido tres recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de personas en situación de migración irregular durante su paso por San Luis Potosí. En los tres casos las víctimas son menores de edad, y en dos se trata de adolescentes y niñas que enfrentaron o estuvieron expuestas a sufrir violencia sexual en la estación migratoria.

La más reciente, de julio de 2024, expone otro ángulo de los retos que enfrenta la implementación de la política migratoria en lo relativo a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes: su paso por los denominados Centros de Asistencia Social (CAS).

Entre 2019 y 2023, la Fiscalía General del Estado, a través del sistema Alerta Amber, ha emitido al menos diecisiete fichas de búsqueda para localizar a dos mujeres y quince hombres entre los catorce y los diecisiete años de edad que desaparecieron luego de haber sido canalizados a CAS operados por el Sistema Estatal DIF en San Luis Potosí.

Yésica Guadalupe Méndez González es titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) en el Sistema Estatal DIF, desde donde se opera el CAS “Un Refugio en el Camino”. En entrevista reconoce que en las entrevistas iniciales de niñas, niños y adolescentes que han sido remitidos al albergue, es común que declaren haber sido víctimas de robos, extorsiones y algo muy común: la estafa por parte de traficantes de personas que les prometen llevarlos a la frontera pero los abandonan en el trayecto.

Por eso es importante, reconoce Méndez también, que cuando las niñas, niños o adolescentes dejan el refugio de forma imprevista, se emitan las fichas de búsqueda y se realicen acciones coordinadas para encontrarlos. Pero todo indica que casi nunca sucede así.

Datos del DIF estatal y de la Fiscalía General del Estado demuestran que de una buena parte de las niñas, niños y adolescentes que son atendidos por la PPNNA se desconoce su paradero. Sin embargo, pocas veces se ha activado una alerta de búsqueda y en muchas menos se ha confirmado su localización.

Como ejemplo, en respuesta a una solicitud de información, el DIF detalló que entre enero y agosto de 2023 atendió a 613 niñas, niños y adolescentes migrantes de entre seis y diecisiete años de edad que fueron derivados por el INM. De todos sólo 141 fueron, a su vez, enviados a un CAS desde donde se tramitó el retorno asistido de la mayoría, mientras que en seis de los casos se logró reunificarles con sus familias en México o en otro país.

Otros “tuvieron salidas anticipadas”, indica el documento de forma escueta y sin establecer cuántos.

Ese fue el caso de cinco jóvenes: Florencio Recinos Carrillo, Edgar Alexis Orellana Escobar, Alexis Ednaides Valdez Campos, José Mauricio Pérez Aguilar y Wilmer Geovany Salinas Panameño; originarios de El Salvador y Guatemala, quienes el 8 de noviembre de 2023 fueron reportados como no localizados ante la Fiscalía General del Estado. Aunque la ficha de búsqueda no lo establece, trascendió que se encontraban en el CAS “Un refugio en el camino”.

El 11 de octubre, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos informó que solo tres de ellos habían sido localizados. En entrevista, la titular de la PPNNA dio otro dato: aseguró que se localizó a los cinco, que algunos fueron retornados a sus países de origen, mientras que otros, sin detallar quiénes o cuántos, fueron reunificados con familiares en México.

Pero en el sitio oficial de la Fiscalía General del Estado aún permanece activa la ficha de búsqueda de Florencio Rencinos Carrillo, de 16 años.

En esa misma plataforma también se encuentra activa la ficha de Sindi Imeri Montoya Damián, una joven guatemalteca reportada como desaparecida en diciembre de 2020, después de haber estado albergada en un CAS estatal en la capital del estado.

De los otros 11 adolescentes por los que se ha activado la Alerta Amber en los años 2019, 2021 y 2023 no se sabe nada. Más aún, la Fiscalía General del Estado negó, a través de una respuesta a una solicitud de información, haber emitido alguna Alerta Amber en los últimos diez años.

La titular de la PPNNA dice que los adolescentes “a veces llegan muy inquietos (…) no quieren estar en un lugar”, para inmediatamente aclarar que “no están privados de la libertad pero tampoco tienen la libertad de poder salir porque están bajo resguardo de Procuraduría”, de tal forma que, dice, en algunos casos ellos buscan la forma de salir y continuar su viaje.

En Coahuila, omisiones agravan desaparición forzada de infancias

Desde el 2014 se intensificó la presencia de migrantes por el estado fronterizo de Coahuila, la entidad donde desapareció Sofía Abigail. Esto ocurrió por la inseguridad que se registraba en otros puntos de paso a Estados Unidos, como los estados de Tamaulipas y Chihuahua, donde bandas delictivas provocaron secuestros y homicidios contra esta población, como ocurrió en el estado en los años del 2009 al 2012.

La llegada de niñas, niños y adolescentes (NNA) acompañados o que viajan solos y llegan hasta Coahuila ha alertado a defensores de los derechos de los migrantes y a las mismas autoridades.

El estado cuenta con dos puntos fronterizos con el estado de Texas: Ciudad Acuña y Piedras Negras. Este último se ha convertido en uno de los puntos más socorridos por la población migrante, ya que se puede llegar encima de los vagones del ferrocarril hasta cerca del Río Bravo y cruzar éste caminando por algunas zonas que no son tan profundas.

En abril del 2022, el entonces gobernador de Coahuila y hoy senador del PRI, Miguel Angel Riquelme Solís, firmó un “Memorándum de Entendimiento” junto con el gobernador de Texas, Greg Abbot. Acordaron intensificar acciones para evitar la llegada de migrantes a la frontera. Esto fue ratificado por el actual mandatario Manolo Jiménez Salinas.

La zona fronteriza se considera de alto riesgo por las autoridades de Estados Unidos, que aconsejan a sus ciudadanos evitar transitar de noche por la carretera federal 2, conocida como la Ribereña. En esa vía se tiene detectada la operación de bandas delictivas dedicadas al tráfico de personas y drogas.

Esto ocurre aunque hay varios retenes de parte de la policía estatal e incluso del Ejército y la Guardia Nacional. Su presencia no inhibe las desapariciones en la zona. De febrero del 2022 al 17 de diciembre del 2024 desaparecieron 19 migrantes, 14 de ellos dentro de Piedras Negras, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Dos fueron mujeres menores de 19 años, aunque no se señala la edad exacta.

La abogada Ariana Denisse García Bosque, representante legal del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas de Piedras Negras, afirmó que los casos de menores migrantes deben ser una prioridad, pues además de que es muy fácil registrar a un niño de forma extemporánea en México, no existe un control de quienes ingresan a los albergues y casas cuna que operan estas dependencias estatales.

Por eso considera que las búsquedas de niños y niñas desaparecidos deberían de iniciarse en las oficialías del Registro Civil.

Peligro en los albergues

La abogada dice que hay descontrol por parte de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) y el Sistema DIF de atención a las familias en los centros donde resguardan a los menores de edad y que son canalizados por parte del Instituto Nacional de Migración. Pero también hay fugas que se han registrado de estos lugares de niños y adolescentes de origen mexicano o extranjero, algo que ella misma denunció hace años.

Esta opinión coincidió con la versión proporcionada por una extrabajadora del DIF y quien pidió no ser identificada. La mujer aseguró que hace años se confirmó que se permitía la salida de los menores de edad de estos albergues administrados por autoridades estatales para apoyar a los llamados “pateros” (traficantes de personas) e introducir drogas a los Estados Unidos.

Señaló que desde los años 2003 ella detectó que de las Casas Hogares “desaparecían” los niños.

En ese tiempo fue despedido el personal de todas esas áreas, incluyendo al titular de la Procuraduría de la Familia Miguel Ángel de la Cruz Canizales (ya fallecido). Pero no se investigó la situación.

Ariana García Bosque afirma que desde la documentación hay bloqueos constantes para poder localizar e identificar a las personas rápidamente.

“Advertimos que la Fiscalía sigue haciendo uso de servicios funerarios en los temas de levantamiento de cuerpos y genera una incertidumbre en el tratamiento inicial de éstos. Tratándose de personas migrantes, ellos acostumbran por ejemplo a colocar en bolsas de plástico sus identificaciones o sus documentos para no mojarlos al momento que cruzan por el río; inclusive sabemos que en su propia ropa escriben números de teléfono”.

Ariana García Bosque

El colectivo de Piedras Negras supo que no tomaron muestras genéticas al cuerpo de la madre de la niña nicaragüense Sofía Abigail. Humberto Morales, coordinador del área de búsqueda del mismo, aseguró que constataron que no había necropsia ni muestras de ADN o de dactiloscopía, y por eso tuvieron que mandar al padre de Sofía lo necesario para que enviara una muestra. Aunque el titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, José Angel Herrera Cepeda, dio otra versión y aseguró que sí recabaron las muestras.

Morales afirma que insistieron muchas veces en hacer lo que llaman “búsqueda espejo”, que se realiza por autoridades de México y Estados Unidos a lo largo del Río Bravo. Pero del lado de Estados Unidos no mostraron interés y cree que con Trump de nuevo como presidente, tampoco lo habrá.

Registros que no coinciden

En respuestas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del estado a solicitudes de información se evidencian datos distintos en registros oficiales. Por un lado, se asegura que del 2018 a agosto del 2024 se tenían denuncias por la desaparición forzada de mil 239 menores de edad. Esto significa que casi el 50 por ciento de las personas desaparecidas en el estado son menores de edad.

Pero la propia Fiscalía se contradice. En la misma respuesta señala que en las carpetas de investigación, abiertas a partir del 2000, hay sólo 16 personas desaparecidas con edades de 0 a 10 años de edad y 335 en el rango de 11 a 20 años. En ningún caso la dependencia señala tener registro de nacionalidad, lo que invisibiliza a la población migrante afectada por diversos delitos.

Otros datos distintos los dio el titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, José Angel Herrera Cepeda, quien en una entrevista dijo que en el 2022 se recibieron tres reportes de desaparición de menores migrantes. Uno de ellos es el caso de la nicaragüense Sofía Abigail, víctima de desaparición forzada en el mes de mayo. Otro es el de Cindy Martínez Muñoz, de 12 años y originaria de Honduras; la Comisión de Búsqueda del estado emitió la ficha el 26 de mayo del 2022. Un día después, se emitió una Alerta Amber, pero en la ficha se le identificó como mexicana; luego se hizo la corrección.

En esa fecha se emitió la ficha de búsqueda de Mesac Gutiérrez Padilla, de 16 años, también de Honduras, y cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Bravo.
En el 2023, informó el fiscal, se reportaron las desapariciones de dos adolescentes de 17 años originarios de Honduras, para un total de cinco casos de niñas y adolescentes migrantes desaparecidos.

Para el director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, y para el exdirector jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Enrique Martínez Requenes, estas contradicciones evidencian que existe un subregistro y resulta mayor la dimensión de la problemática de la desaparición forzada de la niñez y adolescencia migrante de origen centroamericano.

Alberto Xicoténcatl señaló que a esto se suma que algunos padres de familia que ya residen en los Estados Unidos entran en contacto con redes de traficantes de personas a los que pagan para llevar a sus hijos. Esto impacta en la falta de cifras certeras de personas menores de edad migrantes que transitan por México, ya sea solos o acompañados, así como de los delitos de los que son objeto. Muchos de ellos no pasan por los albergues por viajar de esa forma.

Enrique Martínez Requenes mencionó que otro problema es una supuesta “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que se hizo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para contar con un nuevo censo de personas desaparecidas. Este proceso abonó a la incertidumbre sobre el caso de la niñez migrante.

Por la falta de coordinación entre la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda no se siguen los protocolos de búsqueda, pues se cometen errores en los registros, dijo.

La corrupción entre diversas instancias también es un tema que preocupa a los activistas. Hay señalamientos muy fuertes contra los integrantes del Grupo Beta (que depende del Instituto Nacional de Migración) por tráfico de personas o robos a migrantes, mencionó Humberto Morales.

“Hay una posible colusión del Grupo Beta porque sabemos que también hay un tema de tráfico de personas y colusión para este tipo de tema y bueno, el apoyo que se tiene de ellos es de un perfil bajo. O sea, ellos atienden una llamada, pero no se suman a estas acciones de búsquedas constantes”, explicó.

Humberto Morales

El retorno a sus países, única salida

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia de Coahuila (PRONNIF) entregó documentos en respuesta a una solicitud de información en los que se muestra que en la mayor parte de los casos atendidos se apoyó principalmente el retorno asistido como plan de restitución de derechos de las infancias. Es decir, devolverlos a sus países de origen con algún familiar.

A pesar de la insistencia para obtener entrevista con alguna autoridad de PRONNIF y del DIF, no accedieron. Pero al solicitar la información por las plataformas de transparencia, la PRONNIF contestó que cuando se lo solicita el Instituto Nacional de Migración interviene para emitir un plan de restitución de derechos de esta población.

La dependencia entregó datos disponibles de 2021 a octubre de 2024 del número de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos bajo esos planes.

En el 2022 se atendieron 918 casos. Casi la mitad tenían entre 16 a 17 años; seguidos del grupo de edad entre 12 y 15 años (cerca de una cuarta parte) y por último, personas entre 0 y 5 años y entre 6 y 11. Poco más del 60 por ciento fueron del sexo masculinos y el resto femenino.

En ese año, poco más de la tercera parte fueron de nacionalidad hondureña y otro porcentaje similar de Guatemala. Menos del 10 por ciento fueron personas menores de nacionalidad venezolana con 8, seguida de personas menores originarias de El Salvador, Cuba y Nicaragua.