En la ingrata lista de 138 personas presas políticas de Nicaragua hasta abril de 2024, figuran los nombres de 10 hombres que llevan entre 10 y 13 años de prisión. Algunos están condenados hasta a 133 años de calabozo y todos parecen destinados a morir en las tenebrosas celdas de la dictadura sandinista ¿Quiénes son y por qué están ahí?
Nicaragua, 25 de junio de 2024.Galería News
¿Qué pasaría en tu vida si te ausentaras 13 años? Si tenías un bebé de un año, ya es adolescente y no te reconocería al verte de frente. Si dejaste a una niña de 10 años, es posible que esté en la universidad.
Si tenías una madre de 50 años, es posible que no la hayas visto envejecer y acompañar en sus dolencias en la ruta a la tercera edad. Con mucha mala suerte, es posible que haya muerto durante la pandemia de la Covid 19 y nunca sabrás cómo fueron sus últimos días porque no estabas ahí.
Tus vecinos, tu casa, tu familia todo habrá cambiado porque entre 10 y 13 años ocurren muchas cosas de las cuales sólo podrás conocer a retazos si estas dentro de una prisión.
Esta es la realidad que enfrentan 10 hombres, identificados como los primeros presos políticos de la dictadura de la familia Ortega-Murillo por organizaciones defensoras de derechos humanos.
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¿Quiénes son los 10 presos políticos más antiguos del régimen?
Un informe de enero de 2023 del “Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas”, basado en una investigación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, determinó que de la lista de presos políticos del régimen Ortega-Murillo, 10 habían sido condenados injustamente antes de la explosión de las masacres estatales ejecutadas a partir del 18 de abril de 2018.
Luego de la publicación del documento del Colectivo, más de 150 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense lo suscribieron, así como organismos internacionales como Amnistía Internacional, CIDH, RIDH y ONU.
Junto a Marvin Vargas «El Cachorro» se suman los nombres de nueve hombres que fueron apresados injustamente en 2014 por lo lo que se denominó «La Masacre del 19 de julio»
Presos políticos acusados de “La masacre del 19 de julio”
Han pasado 118 meses desde aquella fecha. Las masacres ejecutadas por policías, militares y paramilitares durante las protestas ciudadanas desde abril a octubre de 2018, enterraron en la memoria colectiva los hechos de aquella noche del sábado 19 de julio de 2014.
Cuatro personas murieron esa noche y 25 resultaron heridas cuando desconocidos dispararon contra una caravana de buses de fanáticos sandinistas que regresaban a Matagalpa desde Managua luego de conmemorar, voluntaria o forzosamente, el 35 aniversario del 19 de julio, fecha en la que el partido Frente Sandinista de
de Liberación Nacional, FSLN, acostumbra a conmemorar el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza de Bayle “Tachito” (1937 – 1979).
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De inmediato, la primera comisionada y jefa de la policía y militante sandinista, Aminta Granera Sacasa, salió ante los medios de comunicación con los ojos llorosos y roja de rabia, prometiendo “justicia para las familias sandinistas víctimas del atentado”.
La investigación del atentado se desarrolló bajo la dirección de los tenebrosos jefes policiales, los comisionado Ramón Avellán y Adolfo Marenco,
quienes rápidamente señalaron a varios individuos como responsables del ataque.
Se formó una comisión especial para profundizar en el caso, que incluía a altos funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Hubo redadas, desapariciones forzosas, denuncias de torturas, persecución rural, desinformación y censura en el proceso de capturas.
Incluso cinco jóvenes que protagonizaron una batalla a pedradas contra un grupo de sandinistas de Sébaco, que no estaban vinculados con el atentado, fueron apresados y acusados junto a otros imputados.
Se les llamó “los tira piedras” y con ellos algunos de sus familiares fueron detenidos y torturados por semanas luego de oponerse a las capturas policiales.
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El 17 de agosto, tras semanas de denuncias de abusos y desapariciones, Granera compareció en rueda de prensa junto a Avellán y Marenco, para dar su versión de la investigación.
Las acusaciones penales se centraron en diez personas: Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Ricardo Cortez Dávila, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, José Olivar Meza Raudez, Jairo Alberto Obando Delgadillo y Leonel Antonio Poveda Palacios.
María Lourdes OviedoLa Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, María Lourdes Oviedo, señaló que el grupo de acusados crearon “un plan criminal, ideado y conspirado por todos y cada uno de 12 procesados, quienes de manera conjunta determinaron asesinar a víctimas inocentes”.Manuel Urbina LaraFungió como abogado defensor de las personas imputadas arbitrariamente dentro de este Juicio. En la actualidad Urbina Lara también es un prisionero político del régimen sandinista (encarcelado en enero de 2021).
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El Ministerio Público presentó como testigos claves a dos policías “encubiertos” que supuestamente “demostraron que los acusados se reunieron en 6 ocasiones con el objetivo de idear, coordinar, planificar y distribuirse funciones para llevar a cabo esta cobarde masacre”.
Tras un proceso judicial que numerosos observadores internacionales calificaron como irregular y carente de garantías procesales, todos los acusados fueron condenados a largas penas de prisión el 7 de julio de 2015.
El juez sandinista y exmilitar Edgar Altamirano López, Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, desechó cualquier prueba, evidencia o testimonio de los abogados defensores de las personas imputadas y admitió por ciertas y válidas todas las propuestas de la fiscal Oviedo para dictar sentencia condenatoria.
El verdugo judicial impuso condenas que superan los 100 años de cárcel por reo en la sentencia número 174 del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua
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A Walter Balmaceda Ruiz y Wilfredo Balmaceda Castrillo le impuso una condena de 75 años de prisión por el delito de asesinato, 48 años por lesiones graves y 10 años por crimen organizado, para totalizar 133 años a cada uno.
Jairo Alberto Obando Delgadillo y Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, fueron condenados a 70 años por asesinato, 42 por lesiones, 10 por crimen organizado, un año por tenencia de armas.
En tanto a Gregorio Torres Espinoza, Juan José Espinoza y Erick Salgado González que participaron al tirar piedras a los buses donde viajaban los simpatizantes sandinistas, fueron condenados a 2 años de prisión.
Desde el momento de su captura, se reportaron múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los acusados y sus familias.
Estas denuncias incluyeron torturas, malos tratos, y condiciones inhumanas de detención en celdas de castigo del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) La Modelo.
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Hasta la fecha, de los doce, tres cumplieron penas menores “por lanzar piedras contra los buses” y salieron libres para exiliarse.
Los restantes nueve permanecen en prisión cumpliendo sus condenas. Las condiciones de su encarcelamiento siguen siendo motivo de preocupación para organismos de derechos humanos que continúan abogando por su liberación y por una revisión imparcial de sus casos.
Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y el Ministerio Público montan un caso para presentar culpables
