I de II entregas.- Karelia, de 19 años, huyó con su bebé de 11 meses, después de varios intentos en vano de convencer a su marido para que no la siguiera golpeando. “Me duele la panza”, le suplicó a Alexander a la medianoche. Era 1 de febrero de 2023.
Alquilaban entonces un cuarto en un vecindario donde los vecinos conocían el caso. Tanto que fueron testigos de los llantos de la mujer y el niño, la vieron salir con destino desconocido y fueron a la estación de Policía para denunciar al agresor.
Una patrulla llegó y no lo encontró. El hombre respondió al cuestionamiento de los uniformados que no peleaba con nadie, porque la supuesta víctima no estaba. Se retiraron del lugar y, a las seis de la mañana, cuando ella volvió porque no tenía adónde ir, continuó la rutina del maltrato.
La denuncia de Karelia no es la única que las autoridades no han dado seguimiento. El panorama es más complejo, porque decenas de casas de protección, que albergaban a mujeres víctimas de la violencia machista, han cerrado en los últimos tres años tras la orden del régimen de Daniel Ortega de clausurar masivamente a organismos no gubernamentales.
Nicaragua destaca entre los índices de femicidios en una región violenta contra las mujeres. Solo entre enero y febrero de 2023, hubo 16 víctimas: 8 en Nicaragua y otras 8 en el extranjero, según conteo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. El Estado nicaragüense ha respondido reafirmando un discurso de protección a las víctimas—cuestionado por defensoras de derechos humanos— y reabriendo oficinas de atención que durante años estuvieron clausuradas por falta de voluntad política.
Para la defensora de derechos humanos, Mariela, la respuesta estatal es ineficiente, lo que explica con una frase lapidaria: “Las mujeres no somos prioridad”. Recuerda que, desde el 2006, el Ejecutivo ha desarrollado una estrategia que se ha traducido en desprotección y persecución a los colectivos de mujeres.
“Eso se refleja en dos cosas: En la cantidad de violencia especialmente reflejada en la violación y abuso a niñas que el régimen no logra ocultar. Y en la cantidad de femicidios y victimas que no logran ver justicia”, afirma la feminista Ana Quirós, quien fue expulsada de Nicaragua en 2018 y que dirige el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).
Para este reportaje, buscamos a más de 30 mujeres para hablar sobre la situación de inseguridad que viven y el impacto económico que implica el cierre de las oenegés. Sin embargo, lo hicieron desde el anonimato para evitar represalias y otros casos simplemente se negaron a hablar.
Según Mariela, parte de la estrategia gubernamental ha sido una reforma del marco legal que protegía a las mujeres. Derogaron el aborto terapéutico en 2006, penalizaron al año siguiente cualquier tipo de aborto con penas de 20 años de prisión. Cambiaron también en 2013 la ley 779 para dar paso a la mediación en conflictos de pareja, circunscribiendo el femicidio a ámbito privado.
Las feministas denunciaron también la liberación de convictos que precisamente purgaban penas por delitos contra las mujeres. La decisión provocó críticas entre los ciudadanos en las redes sociales. Tras la represión de 2018, la dictadura inició la cacería de oenegés afectando directamente a los organismos que velaban por las mujeres.
Martha Alicia: De rehén al cementerio
La madrugada del 1 de enero de 2022, Martha Alicia, de 35 años, fue violada y asesinada por Bernardo, su exesposo. Lo había abandonado dos semanas antes.
Como en el caso de Karelia, la Policía tampoco dio respuestas a la denuncia que planteó que el hombre mantenía a la víctima como rehén en su propia casa. El jefe policial de turno se negó a actuar: “los problemas de pareja, que lo resuelvan en pareja”, les dijo.
El crimen ocurrió a cuadra y media de la estación, lo que motivó que tres días después del mismo se apareciera el jefe de la Policía de Bluefields a casa de la madre de la víctima para pedir disculpas, según testigos.
Bernardo confesó el crimen. En mayo de 2022 fue condenado bajo la Ley 1058, mejor conocida como “de cadena perpetua” convirtiéndose en la primera sentencia de ese tipo en Bluefields, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
La ley de prisión perpetua es aplicada a los delitos de femicidios, asesinatos agravados y parricidios. En Nicaragua, sin embargo, las mujeres no tienen acceso a la justicia. “Todas las leyes han tenido retrocesos”, explica Maribel*, otra activista que pide no “citen su nombre”.
Puntualiza que las afectadas con las decisiones gubernamentales son organizaciones de mujeres que históricamente venían atendiendo a las víctimas y desarrollando un proceso de campaña de carácter público y permanente de cara a la prevención de la violencia. Un trabajo que realizaban casi en el 80 por ciento del territorio nacional.
“Las organizaciones tenían un papel de fiscalización y dirección para decirle al Estado: Esto aquí lo están haciendo mal o eso lo debes hacer así. Pero ahora esa coordinación ya no existe en Nicaragua y las mujeres no tienen oportunidad de denunciar ni continuar un proceso que les permita tener seguridad para cerrar ese ciclo de violencia”, precisa Maribel.
La realidad de las mujeres nicaragüenses se encuentra en la incertidumbre. La causa no solo es el cierre de 169 organizaciones feministas de trabajo comunitario directo, las cuales han sido canceladas, bajo la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), que, entre otras cosas, prohíbe a organismos defensores de derechos humanos hacer campañas de concientización sobre la realidad política, económica, social y ambiental del país.
Las activistas entrevistadas aseguran que tomaron medidas para evitar el cierre de sus organizaciones—limitarse a denunciar en público y abandonar sus redes sociales—, sin embargo, fue en vano, porque previo a la estocada final les cortaron los apoyos técnicos y financieros.
Ser mujer en Nicaragua, feminista y estar organizada es visto como subversivo por las autoridades. La mayoría de las organizaciones han sido descabezadas y las activistas han sido empujadas a desplazarse dentro y fuera del país, según Maribel.
La voz silenciada de Britney
Britney fue una adolescente asesinada en 2022. Su madre Alicia relata que la víctima era una valiente comunicadora. Conducía un programa comunitario matutino en la radio Stereo Libre (95.3 FM) de la Asociación Infantil “Tuktan Sirpi” en Jinotega, con la que se había involucrado a la edad de seis años.
Desde este espacio promovía los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El 10 de marzo de 2022, desapareció sin dejar rastro. Su madre se involucró rápidamente en la búsqueda de la adolescente, imprimió volantes, divulgó la denuncia en redes sociales y encontró la primera barrera nuevamente en las autoridades, quienes le objetaron que no podía interponer denuncia hasta que transcurrieran 72 horas.
Dos días después, Britney fue encontrada sin vida a un extremo de la carretera en el municipio La Concordia, Jinotega. Esa noche, Alicia estaba sentada en un parque frente a la delegación policial que rechazó su denuncia cuando vio su teléfono y encontró una publicación de última hora con el titular: “Mujer encontrada sin vida con signos de violencia”. Supo de inmediato que se trataba de su única hija, pues reconoció sus zapatos.
El proceso judicial comprobó que su novio la mató de 30 puñaladas, después de negarse a interrumpir su embarazo de seis semanas. Ninguna organización pudo luchar para que Britney fuese reconocida como víctima de femicidio. El 2 de junio de 2022, la Asamblea Nacional despojó de la personería jurídica la Asociación Infantil Tuktan Sirpi y 15 días después la emisora Stereo Libre salió del aire.
“Existe la realidad del miedo en Nicaragua. Miedo al Estado, miedo a la Policía, miedo a los secretarios políticos del barrio, miedo en las familias, miedo en la comunidad, hay miedo en las instituciones y miedo de las instituciones; esta situación lleva a las mujeres a esconder la violencia que realmente están viviendo”, dice Maribel.
Entre enero y febrero de 2023, la organización de mujeres VOCES y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), registraron 16 femicidios contra nicaragüenses: ocho en el país y ocho en el extranjero.
Entre estas 16 víctimas mortales se encuentra Esterling (24), quien un año atrás había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ella y sus dos pequeñas hijas.
Su muerte conmocionó a feministas de Matagalpa, quienes recordaron que ella participó un par de veces en charlas de empoderamiento femenino, sin embargo, fueron suspendidas por la persecución estatal contra las mujeres.
Mariela explica que el país vive en “desconfianza” y declara que está próxima a exiliarse. De acuerdo con datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), al menos 170 feministas nicaragüenses han sido obligadas a desplazarse y 60 han sido desterradas, desde 2018 a la fecha.
Vea: Anulación del tejido social no gubernamental vulnera aún más a la población nicaragüense
Entre estas 16 víctimas mortales se encuentra Esterling (24), quien un año atrás había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ella y sus dos pequeñas hijas.
Su muerte conmocionó a feministas de Matagalpa, quienes recordaron que ella participó un par de veces en charlas de empoderamiento femenino, sin embargo, fueron suspendidas por la persecución estatal contra las mujeres.
Mariela explica que el país vive en “desconfianza” y declara que está próxima a exiliarse. De acuerdo con datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), al menos 170 feministas nicaragüenses han sido obligadas a desplazarse y 60 han sido desterradas, desde 2018 a la fecha.
La periodista Sofía Montenegro y la activista Azahalea Solís están entre las desterradas. Fueron despojadas de su nacionalidad y declaradas “traidoras a la patria” por defender los derechos humanos de las mujeres.
“Nosotras sabíamos que lo que se venía para el movimiento de mujeres iba a ser duro, lo supimos desde el día que acompañamos y respaldamos a Zoilamérica Narváez cuando puso su denuncia en contra de Daniel Ortega por abuso sexual (en 1998)”, señala Montenegro.
A mediados de 2022, el Estado anunció y lanzó la cartilla “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio” pese a carecer de políticas integrales contra la violencia machista y mecanismos que acerquen a las mujeres a la justicia.
“Amor, respeto y confianza para prevenir la violencia entre los miembros de la familia. Promovamos relaciones de igualdad y responsabilidad entre mujeres y hombres”, dice parte de la propaganda estatal.
En paralelo a la conmemoración del 8 de marzo 2023, el gobierno de Nicaragua enarboló otra bandera y envió un mensaje conmemorativo a las mujeres a través de su vocera Rosario Murillo asegurando “hemos hecho valer y hemos sido apoyadas y respaldadas en todo momento”.
“Y un día como hoy, un día que celebramos la vida, la vida con dignidad, la vida con fortaleza, con seguridad, con trabajo, la vida con orgullo, el orgullo de ser parte de esta historia formidable, de resistencia, de lucha y de triunfos”
