Desde el 25 de mayo hasta el 10 de agosto de 2021, la Fiscalía ejecutó 52 interrogatorios a periodistas, al menos 10 personas fueron citadas en más de una ocasión, las supuestas entrevistas fueron descritas, por abogados como Maynor Curtis, como interrogatorios que buscaban inculpar a periodistas, y más allá de tratar de investigar sobre el supuesto delito lavado de dinero, bienes y activos en contra de la FVBCH, parecían estar dirigidos a amenazarlos para que dejaran de ejercer el oficio.
Curtis no fue el único que identificó esto, además estaba convencido al igual que la prensa independiente, que los fiscales intentaban, a través de amenazas, a veces veladas y otras directas, convencerles de testificar en contra de Cristiana Chamorro y, por otro lado, identificaban que había un gran interés por tratar de establecer un mapeo que les permitiera ubicar a periodistas críticos que aún se encontraban trabajando dentro de Nicaragua.
«Objetivos de seguridad política» que son corroborados por los y las periodistas citados, uno de ellos lo confirma ampliamente, «se me salió el indio y le levanté la voz al fiscal, los policías que estaban dentro de la oficina se levantaron inmediatamente y me rodearon, pero no me detuve – aquí podemos llegar hasta la medianoche, pero usted no me va a hacer decir los que ustedes quieren que diga, yo estoy acostumbrado a estos tira y encoje y ya estoy viejo para dejarme envolver en estas trampas – los policías se sentaron y el fiscal continuó con sus nueve preguntas» recuerda este director de medio de comunicación, lo hace desde el exilio y bajo anonimato, pues aún intenta proteger a su equipo de trabajo de las represalias de la dictadura.
Para él, al igual que otras de las personas citadas, todo era una trampa que buscaba pruebas para incriminar a Cristiana, pero también trataban de establecer que desde la FVBCH se fraguó un plan de golpe de Estado que buscó implementar una agenda mediática en contra de Daniel Ortega y su administración, con el objetivo de desestabilizar al país desde los medios independientes.
«Me preguntaron por las condiciones que la FVBCH me ponía para recibir fondos, que les dijera cuáles eran las indicaciones que nos daban, le dejé claro que yo no comprometía mi línea editorial por ningún dinero, que no me supeditaba a nadie, ni al gobierno, ni a organizaciones de sociedad civil, iglesias, ni a la empresa privada, que la FVBCH siempre me apoyó con equipos y que nunca me obligó a nada, su única exigencia era que debíamos hacer periodismo con rigor, basado en el respeto a los derechos humanos» el fiscal era insistente en eso, afirma durante nuestra llamada telefónica.
Este directivo recuerda que en varias ocasiones su interrogador se mostró molesto porque no lograba hacerlo decir que la FVBCH los obligaba a seguir una agenda editorial anti gobierno. «Le dije – yo sé lo que intenta y lo que quiere, no lo va a lograr porque eso no es verdad- vine para responder por nueve cheques que recibí de la Fundación, fueron para comprar equipo; aquí no hay lavado de dinero y yo sé lo que firmé, si usted tiene que recibí un millón de dólares entonces me los regresa porque jamás los recibí», recuerda entre risas y melancolía porque sabe que por aferrarse a la verdad se vio forzado a exiliarse, salir por veredas y dejar su vida en Nicaragua siendo un adulto mayor.
«Me duele esto, he perdido todo, pero no pudieron conmigo y aquí estoy como todos mis colegas citados. Quedarme significaba bajar la cabeza y eso nunca me lo iba a permitir», nos dice convencido.
Carlos Herrera, cofundador de Divergentes y otro de los periodistas citados a declarar, también afirma que para la Fiscalía «la joya de la corona era Cristiana Chamorro»; sin embargo, el «segundo objetivo de la trama era exterminar, reducir o aplastar a la prensa independiente e incriminarla».
Carlos, junto a un grupo de periodistas obtuvo un apoyo puntual para desarrollar la plataforma informativa Divergentes, un medio de comunicación con enfoque regional. Recibieron de la FVBCH un fondo de US$ 6,000 que, según él, la Fiscalía quería usar como un «montaje» para mostrar que desde los medios de comunicación la FVBCH ejecutó una cruzada mediática para «desestabilizar el gobierno» y reafirmar su narrativa de «golpismo».
Las preguntas giraron en torno a los desembolsos, a querer saber cuáles eran las cuentas de la asociación y en qué se habían invertido los fondos. La alarma creció cuando otro de los socios fue citado. El plan era evidente: «minar la credibilidad de los medios a través de casos jurídicos»; otro plan fallido del gobierno.
Nicaragua carece de garantías de un debido proceso y no hay confianza en el Poder Judicial, hoy relegado como un órgano más de la Presidencia. Por eso, el fotoperiodista se vio forzado al exilio, pero coronó su objetivo: salvaguardar a su equipo y montar la estructura de su medio digital fuera del país.
Carlos fue interrogado por 40 minutos. A su colega, el fotoperiodista del diario La Prensa y de Galería News, Óscar Navarrete, le fue peor. Dos horas de interrogatorio bajo la mirada inquisidora de Manuel Rugama. El fiscal «no pudo dominarme, no pudo enredarme, no pudo aplicar su política del miedo conmigo», dice con orgullo,
Óscar iba mentalizado, expresa con seguridad. Las experiencias de los anteriores a él en la lista lo tenían con su cerebro focalizado: «Vos no sos delincuente, los delincuentes son ellos (el Estado)», rememora.
Reconocido por décadas de documentación fotográfica de la historia de Nicaragua a través de su lente, Navarrete facilitó talleres en fotografía dentro de los programas de fortalecimiento de capacidades para periodistas nicaragüenses, un programa impulsado por la FVBCH como parte de su trabajo en el desarrollo profesional del Periodismo en el país, un trabajo y compromiso que Navarrete reconoce en la entidad y que califica como «transparente».
«Todos los talleres con la Fundación eran auditables. No era ningún delito, pero lo quisieron tratar como si el caso fuese del cartel de Medellín o un narco cártel y querían embarrar a todos los periodistas, nos querían meter en un solo bolsón. Fue un teatro judicial que ellos inventaron criminalizando a la Fundación y criminalizando a los periodistas, pero que no pudieron lograrlo», argumenta.
El verdadero problema del Estado contra él era su página web. Rugama tenía fotos impresas extraídas del sitio digital que exponían la violencia gubernamental de su aparato represivo en las protestas de 2018. «Esto lesiona al gobierno, al buen gobierno de Nicaragua. Con este trabajo que vos estás haciendo, estás lesionando porque estás creando y fomentando el odio y la mentira», increpó Rugama a Navarrete presentándole las «pruebas» del delito.
El trabajo fotográfico de Óscar Navarrete, es una prueba de la violencia policial del régimen sandinista en contra de la ciudadanía que salió a protestar durante las marchas cívicas de 2018.
El periodista no se quedó callado: «Todo lo que está en mi web es lo que siempre he hecho, es contar la verdad, contar historia, escribir la memoria y la historia de Nicaragua y como periodista independiente pues me tocaba señalar todo lo bueno y lo malo que pudiera existir en cualquier gobierno». Óscar, por precaución, cerró su página web y pidió discreción a sus colegas periodistas al salir de la Fiscalía, meses después se exilió, pero lejos de una derrota la asume como un triunfo porque desde «cualquier rincón del mundo habrá un periodista independiente» que denuncie lo que pasa en Nicaragua.
Cristina Zahar, coordinadora para Latinoamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés, valora como una «situación muy triste» el contexto de Nicaragua. El exilio de la mayoría de periodistas y el fin de la prensa independiente operando desde el país preocupan a esa organización, que no quitó el dedo del renglón en 2021 cuando más de 50 comunicadores fueron obligados a ir a declarar.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) señala que al menos 289 personas vinculadas a medios de comunicación han sido forzadas a salir de Nicaragua entre abril de 2018 y marzo de 2025. Además, 22 periodistas fueron despojados de su nacionalidad acusados de «traición a la patria». El Estado pretendía dejarlos apátridas y declararles muerte civil, a este grupo se suma más de 50 periodistas que se reconocen como «apátridas de facto», pues se les ha negado la renovación de sus documentos de identidad y pasaportes.
Gráfica comparativa entre periodistas citados a fiscalía en 2021 y periodistas exiliados como consecuencia de este proceso.|©Galería News
Entre esos periodistas desnacionalizados está Álvaro Navarro, director de Artículo 66 y quien también fue convocado a declarar. En su caso hubo una particularidad. El Estado designó a personal ligado con el Ejército para dar con su ubicación y entregarle la citatoria.
«Denota un afán clarísimo de amedrentarnos, de mandarnos el mensaje de sabemos dónde están, sabemos cómo se mueven y ustedes son parte de toda esa estructura criminal sobre la que el gobierno desplegó toda la artillería para desarticular, en principio, a los medios de comunicación, desarticular a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y de paso también politizar el asunto con el personaje que era en este caso Cristiana Chamorro, quien en ese momento estaba como una potencial candidata presidencial para disputarle la silla a Daniel Ortega», así Navarro une los hilos de la «farsa judicial».
Para su sorpresa, a él no lo requerían por su trabajo en Artículo 66, sino como un «ejemplo aleccionador» para hombres y mujeres de prensa, a él lo cuestionaron por los galardones obtenidos años atrás en distintas convocatorias del Premio a la Excelencia Periodística «Pedro Joaquín Chamorro» impulsada por la Fundación Violeta Barrios. La fiscal Estela Ramírez le pedía los cheques, los diplomas, las actas, hasta la computadora que recibió como obsequio por destacar con sus investigaciones sobre corrupción.
«El afán era intimidarnos, era una labor aleccionadora, de meternos a todos en un bolsón de delincuentes y que la percepción de la sociedad fuera esa sobre los medios de comunicación», reconoce Navarro desde el exilio en Costa Rica.
Se fue del país días después de entregar las copias de sus diplomas a la Fiscalía. Le marcaron un plazo para llevar las supuestas «pruebas» de su relación con la Fundación y le adelantaron que lo citarían por segunda vez. Antes de recibir un segundo llamado, lo amenazaron de que el fin de semana la Policía llegaría a «traerlo para meterlo preso».
Era un caso político y las consecuencias serían letales. El tiempo desmoronó la fabricación del lavado de dinero, afirma Álvaro. «Cristiana Chamorro no estaba acusada por traición a la patria, estaba acusada por lavado de dinero y al final la liberaron en el grupo de los 222 presos como presa política. La desterraron, la despojaron de su nacionalidad y la expulsaron del país y le quitaron todos sus derechos constitucionales bajo el mismo argumento que lo hicieron con los que declararon traidores a la patria», analiza.
Nicaragua: una cancha abierta para la Fiscalía y su rastreo de periodistas
Los tentáculos de la dictadura representados en la Fiscalía alcanzaron distintos departamentos del país. Periodistas del Caribe Sur, Managua, Matagalpa, Estelí, Boaco, Ocotal y Carazo fueron citados. Entre los primeros, Roberto Mora, de radio ABC Stéreo y actualmente exiliado en Costa Rica.
La dinámica fue igual. Querían nombres y su nivel de cercanía con Cristiana Chamorro. «Fue un momento preciso para «pasarle la cuenta» a los periodistas y eso iba a venir tarde o temprano. El objetivo logrado fue que nos sacaron del país, a los periodistas, a las voces críticas y, los que se quedaron, están callados. Sin embargo, no lograron el objetivo de callar a la prensa, a los periodistas independientes», reconoce.
El sacrificio es grande, lamenta la especialista Cristina Zahar al conocer estos casos. «Los que se quedan en Nicaragua tienen que trabajar como incógnitos y muchas veces no pueden contar a nadie sobre la situación que están viviendo. No puedo concebir que uno pueda vivir sin una prensa libre y que un Estado desnacionalice a periodistas como hace Nicaragua para coartar la libertad de prensa», puntualiza.
Fiscalía, Policía Nacional, paramilitares y militancia sandinista: agresores desde todos los flancos posibles
Dos mil veintiuno es hoy un año de historia para la prensa independiente nicaragüense. El Caso Cristiana Chamorro Barrios/FVBC fue un plan político que no solo se ejecutó dentro de las oficinas de los fiscales Giscard Moraga, Manuel Rugama o Estela Ramírez, fuera del Ministerio Público periodistas que daban cobertura a los hechos eran agredidos verbal y psicológicamente por fuerzas policiales, paramilitares y militancia sandinista.
Desde el día uno, Yelsin Espinoza directivo de Nicaragua Actual, se plantó con su celular y su micrófono afuera de la Fiscalía para acompañar a sus colegas periodistas, entrevistarlos a la salida de los interrogatorios y brindarles apoyo moral. «No fue fácil, recuerda el periodista. Un ambiente hostil amenazaba la seguridad de todos los que se acercaban a la zona».
«Ese momento tenso, de hostigamiento, de amenaza, de zozobra, lo convertimos en un momento de unificación, de solidez, compactados todos. Todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, digital», aplaude hoy Yelsin al recordar con serenidad todo lo que vivió en aquellos días cuando cincuenta y dos periodistas citados se convirtieron en el reflejo de cientos de periodistas nicaragüenses que se resistieron a bajar la cabeza ante una dictadura, y que con valentía seguían asumiendo el reto de hacer periodismo fiscalizador en un país secuestrado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Los policías que estaban plenamente identificados estaban siendo acompañados por efectivos paramilitares armados y contaban con toda la vehemencia del gobierno sandinista para hacer lo que quisieran. Además de ellos llegaba gente de la Juventud Sandinista y otros policías vestidos de civil, posiblemente de la Dirección de Inteligencia de la Policía. En algunos momentos, hubo francotiradores apostados en edificios aledaños contiguos a la Fiscalía (Hotel Seminole)», recuenta el comunicador social.
Pese a los miedos, Yelsin cuenta con orgullo y prudencia sobre las «poderosas estrategias» de coordinación a nivel periodístico y aunque recalca que no es pertinente revelarlas por temas de seguridad y «porque Nicaragua repite ciclos» señala que «esa coordinación que nosotros hicimos, que la organización (PCIN) de periodistas hizo fue una coordinación que vino a devolverle al periodismo independiente una forma de trabajo en común, una forma de trabajo en conjunto. Estábamos ante un episodio de vida o muerte; de libertad o cárcel. En esos días se acabó aquella rivalidad de quién llega primero a la noticia. Éramos todos en la calle contra el régimen, contra la Policía».
En este rompecabezas hay un elemento de consenso entre periodistas y es que la crisis sociopolítica y el interés estatal por inculparlos en un caso fabricado de lavado de dinero consolidó aún más la unidad del gremio periodístico, la prensa independiente se erigió como un bloque inquebrantable.
Octavio Enríquez agradece la valentía del gremio: «En esos momentos difíciles, oscuros, es cuando más se necesita periodismo. Ese periodismo que cuestiona, ese periodismo que pone en evidencia las mentiras del poder. Hay una semilla de la búsqueda de la libertad que es la que los tiranos no soportan».
De mayo a julio, la prensa crítica se mantuvo en las afueras de la Fiscalía, Abigail Hernández, directora de Galería News y una de las periodistas citadas señala que «la prensa fue el último segmento de sociedad civil que se mantuvo en las calles, dimos cobertura masiva hasta la primera semana de agosto de 2021, no solo cubrimos los interrogatorios, afuera nos plantamos frente a la policía y paramilitares que intentaban con amenazas retirarnos del lugar, no lo lograron, afuera éramos un solo bloque con celulares, cámaras y micrófonos, transmitiendo en vivo, y denunciando cómo el Estado de Nicaragua desaparecía entre los tentáculos de la dictadura».
Una periodista bajo anonimato señala que aquellos días fueron aleccionadores para la prensa: «entendimos que éramos fuertes y que el régimen no iba tras unos cuantos periodistas iba detrás de todos nosotros, nuestros colegas citados se estaban jugando su libertad adentro y la de todos, cuidaron nuestros nombres, nuestras ubicación, aunque eso podría representar un peligro de cárcel, salían de fiscalía con la cabeza en alto, se defendieron y nos defendieron a todos aunque eso les costará exiliarse».
La cohesión de los y las periodistas fue clave frente al Caso Cristiana Chamorro/FVBCH/2021, alrededor de 30 periodistas de Managua se mantuvieron apostados en las afueras de la Fiscalía durante dos meses, estaban allí para dar cobertura, pero también para resguardar a los colegas que entraban diariamente a Fiscalía para ser interrogados, diariamente se hicieron transmisiones en vivo, como una estrategia de protección, si el régimen sandinista agredía a periodista, el mundo lo iba a ver de inmediato.
Una batería de prensa organizada para evacuaciones de riesgo, alerta y generando denuncias in situ ante organizaciones defensoras de la libertad de prensa a nivel nacional e internacional, un ambiente de alto peligro para decenas de periodistas que enfrentaron insultos, amenazas, acoso y espionaje por parte de fuerzas especiales de la Policía Nacional, así como de oficiales, paramilitares y militancia sandinista que circulaba la zona para insultar a la prensa. Los más déspotas: los comisionados a cargo de los operativos de vigilancia.
«Es una victoria para Nicaragua entera. Hoy la prensa independiente es reconocida y tiene una inmensa credibilidad dentro y fuera de Nicaragua que no se la quita nadie», compacta Yelsin, quien también se exilió y sigue dando la batalla desde el otro lado de la frontera sur de Nicaragua.
Abigail recuerda que en una ocasión antes de ser citada junto a tres de sus colegas recibieron el aliciente más grande: el apoyo ciudadano.
Era una mañana de julio bajo el inclemente sol de Managua, una temperatura de casi 30 grados, alrededor de las 10 de la mañana y el calor los tenía agotados, estaban desde las 7.30 de la mañana en la Fiscalía. La prensa estaba rodeada por policías, paramilitares y vigilantes apostados en la terraza del hotel Seminole, no tenían agua y la periodista recuerda que temían que si se quitaban del lugar, luego la Policía no les iba a permitir el ingreso al sector.
Ese día ella escribió a uno de sus colegas que necesitaban agua y que era imposible que se pudieran mover. «Mi colega me escribió que nos iban a llevar agua, pero que había muchos policías y el ingreso al sector estaba complicado, al rato pasó un vendedor de raspados y nos dio unas botellas con agua, le dijimos que no se preocupara y el señor nos dijo agárrenlas se las vine a dejar, seguro nos miró en las transmisiones que estábamos fatal», recuerda entre risas Abigail.
La periodista recuerda la sensación de tranquilidad que aquel gesto le provocó. «Pensé, la gente sabe lo que estamos enfrentando, nos apoya. Luego llegaron otras personas con botellas de agua, queríamos mostrarnos orgullosos y no tomar el agua, que la policía viera que por más presión que pusieran no nos íbamos a retirar de la Fiscalía, pero las personas nos decían les trajimos agua porque respetamos lo que hacen», reseña.
Episodios como ese representan los buenos momentos de aquellos días y son una prueba de que el discurso de la supuesta narrativa golpista desde los medios de comunicación no estaba calando en la ciudadanía nicaragüense.
