Este es un contenido de la alianza periodística Cuatro Medios Informando en Colaboración – 4MI, integrada por Galería News, La Mesa Redonda, Boletín Ecológico y República 18.
Priscila Gómez recibió una dura noticia dos meses antes de tener a su primer hijo en 2010. Los médicos le explicaron, luego de revisar unas imágenes de ultrasonido, que su bebé nacería con el defecto congénito de labio leporino y paladar hendido. La noticia fue un golpe para ella y su familia porque, en medio del desconocimiento sobre el tema, dice que sabía que en un futuro iba a requerir de bastante dinero para tratar la condición de su hijo.
Carlos, el novio de Priscila, la dejó cuando se dio cuenta que su hijo nacería con labio leporino. Ella lo buscó, lo llamó y cuando fue a la casa de su familia, le dijeron que se había ido hacia Costa Rica. De ahí no supo más de él.
Cuando su bebé cumplió los dos años, una amiga le comentó que en una organización llamada Operación Sonrisa brindaban apoyo a la niñez con este tipo de defectos congénitos. Aún con duda, se acercó y logró que su hijo, Sebastián, fuese beneficiado con dos operaciones quirúrgicas. Ambas gratuitas.
El cierre de Operación Sonrisa
El hijo de Priscila forma parte de una lista de más de 11 mil personas beneficiadas con operaciones quirúrgicas durante los 30 años que existió Operación Sonrisa, hasta que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la cancelación de su personería jurídica en 2021. Una decisión inhumana e indolente, denunciaron activistas en su momento.
Priscila se siente agradecida con el trabajo de Operación Sonrisa. «Si no hubiera sido por ellos, mi hijo seguiría igual a como nació. Ahora Sebastián tiene 12 años y ha tenido una vida normal, sin sufrir de bullying o discriminación», relata vía telefónica su madre, de 38 años.
En Nicaragua nacen anualmente más de 500 bebés con paladar hendido y labio leporino, según el Ministerio de Salud (Minsa). Con la ilegalización de Operación Sonrisa miles de menores no lograrán contar una historia de superación como la de Sebastián, quien sonriendo dice que piensa ser médico cirujano “para ayudar en un futuro a otros bebés” que nazcan con enfermedades congénitas. Como le ocurrió a él.
Una de miles de organizaciones clausuradas
Entre finales de 2018 y el cierre de noviembre de 2022, la dictadura en Nicaragua ha cancelado un total de 3,106 organizaciones civiles y no gubernamentales. Esto representa el 42% de las organizaciones que existían en Nicaragua previo al estallido de la crisis sociopolítica, cuando el régimen reportaba 7,227 entidades activas en ese momento. Y Operación Sonrisa forma parte de esa enorme lista de organizaciones clausuradas.
En los últimos cuatro años, de esa enorme lista de organizaciones cerradas, solo nueve de ellas han generado a las arcas de la dictadura unos cuatro millones de dólares en bienes confiscados. También han dejado en vulnerabilidad a más de 50 mil personas que eran beneficiadas, según el más reciente informe de Violaciones al Derecho de Asociación “Expediente ONG”, integrado por Red Local, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Amaru Ruiz, representante de Fundación del Río, señala que la mayoría de las ONG en Nicaragua fueron cerradas en 2022 y que muchos directivos están presos o exiliados. Para el ambientalista «estos cierres demuestran la magnitud de las violaciones al derecho de asociación”, reconocido en la Constitución de Nicaragua y en el sistema internacional de derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua ha justificado el cierre de las organizaciones señalando un supuesto «incumplimiento” en la rendición de cuentas de estas entidades ante el Ministerio de Gobernación, que les exige presentar estados financieros y renovación anual de directivas, entre muchos otros requisitos.
El abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que el cierre de las nueve organizaciones que analizaron para el informe presentado recientemente tuvo un «impacto económico, social y ambiental” en más de 50 municipios, en su mayoría en las regiones norte y caribe. Allí, más de 50.000 personas se quedaron sin acceso a servicios de primera necesidad, destacó.
¿Qué le espera en 2023 a las organizaciones?
Mónica Baltodano, fundadora de la organización Popol Na, considera que en 2023 la dictadura seguirá con su cabalgata de cierre de organizaciones. “Es que ha ido a los extremos de cerrar incluso la Academia Nicaragüense de la Lengua. No tienen límites. Esto es porque ellos han escogido el camino de la represión, del control y también apuestan al mecanismo de dependencia de la población”, comenta.
La excomandante guerrillera asegura que para Daniel Ortega y Rosario Murillo toda aquella organización que pueda recibir algún recurso del exterior y que ellos sientan que no la tienen completamente controlada la van a cerrar. “Están en un punto que hasta organizaciones de ellos mismo las han cerrado”, sostiene.
Baltodano explica que el modus operandi del régimen es cerrar todos los espacios independientes que beneficien a la ciudadanía, para promover ellos sus programas clientelares o asistencialistas. “Ellos necesitan que no haya otra vía más por las cuales le lleguen recursos a la gente, para seguir manejando a un porcentaje de la población con el asistencialismo, con la dependencia”, detalla la lideresa.
El analista político Julio Ricardo Hernández, exiliado en Costa Rica, explica que el régimen es tan inverosímil que ha cerrado incluso organizaciones que nada tienen que ver con política. “Para este 2023 no veo nada promisorio o positivo para las organizaciones de sociedad civil. Lo que puede seguir es que se continúen cerrando más”, dice.
“El gran perdedor de todo esto es la población que en Nicaragua se beneficiaba de distintos proyectos de organizaciones en materia de educación, salud, vivienda, agua potable, lactancia materna, salud infantil, salud reproductiva. Todo esto es una pérdida para la sociedad. Lo que veo en 2023 es casi la desaparición del tejido social no gubernamental”, lamenta Hernández.
Pero a pesar del escenario oscuro que avizora para este próximo año en el país, cree que lo importante para la ciudadanía nicaragüense es que estás organizaciones puedan reabrir en otros países de la región, como ya lo han hecho varias. “Es necesario que sigan apoyando a la población como lo venían haciendo”, sugiere.
Desde centros de formación hasta misiones de caridad
En su escalada represiva, Ortega ha clausurado desde centros de formación, fundaciones promotoras de salud hasta organismos de servicios religiosos. Las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua en julio de 2022 después de que el gobierno de Daniel Ortega cerró su asociación junto con otras organizaciones benéficas y civiles.
Las monjas fueron escoltadas por la policía hasta la frontera y cruzaron a pie a la vecina Costa Rica, después de ser obligadas a disolver su trabajo y cerrar sus obras benéficas. La Iglesia Católica nicaragüense, también perseguida, condenó fuertemente esta acción que ha dejado en el desamparo a muchos adultos mayores que eran atendidos por las misioneras.
Sin organizaciones defensoras
La Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que entró en vigencia en octubre de 2020, tras su aprobación por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en «cuestiones, actividades o temas de política interna».
Actualmente no existe dentro de Nicaragua una organización donde se puedan denunciar violaciones de derechos humanos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fundada hace 45 años durante la dictadura somocista, fue la última entidad defensora que operó legalmente en el país hasta 2022, tras el cierre de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), clausurados en 2018.
En declaraciones a periodistas, Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, lamentó el cierre de su organización y anunció que junto a sus colegas seguirá defendiendo los derechos humanos “a título personal”. Hace unas semanas el abogado Pablo Cuevas de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos DNDH, anunció su decisión de exiliarse en Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte.
En el país existe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero está controlada por operadores políticos del Frente Sandinista, por lo que no atienden denuncias ciudadanas. «Es un organismo mampara que nunca ha hecho nada y que no tiene ninguna finalidad», señala el analista Julio Ricardo Hernández.
A criterio del abogado defensor de derechos humanos, Carlos Guadamuz, con estas cancelaciones el régimen pretende no sólo apropiarse de los recursos económicos, sino desarticular el trabajo local, comunitario y territorial que tenían estas organizaciones por todo el país.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que bajo la excusa de calificación de ‘agente extranjero’ la dictadura “pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras, para evitar cualquier ejercicio de libertades públicas, como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, derecho de protesta y derecho a defender derechos”.