Paraplejía, pérdida de ojos, amputación de extremidades, perforación de órganos vitales y hasta gente en estado vegetativo. La represión estatal en Nicaragua ha dejado a más de 2,000 personas lisiadas. Así viven hoy las víctimas de las protestas de 2018, que repiten la tragedia de los ochenta.
Por Hans Lawrence Ramírez.
Todos querían que Holver Zelaya bateara en su equipo cuando se reunían para jugar béisbol los hombres de la comunidad Puerto Príncipe, en el municipio de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Es un hombre fornido de 36 años: mide 1.82 metros de altura, tiene espalda y hombros anchos y la piel visiblemente quemada por el sol. Holver es un campesino que se jacta de haber sido un buen bateador.
Sus días los pasaba montando a caballo, trabajando en su finca y llegaba a casa al final de la jornada para pasar la noche con su esposa y sus dos hijas. Eso ya quedó atrás. Desde hace cuatro años, Holver no ha podido subirse en un caballo nuevamente. Mucho menos jugar béisbol o trabajar, porque un perdigón de escopeta disparado por un paramilitar al servicio del Gobierno de Nicaragua le rompió la médula espinal.
Holver Zelaya tuvo que irse a vivir lejos de su comunidad porque paramilitares lo estuvieron buscando después de que se dieron cuenta que había sobrevivido.
Cuando estallaron las protestas contra el régimen sandinista el 18 de abril de 2018 por una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la respuesta estatal fue la represión. El 19 de abril se reportaron las primeras personas fallecidas por disparos de armas de fuego, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ese día, las protestas se extendieron por todo el país.
Con los primeros muertos, la reforma al INSS dejó de importarle a muchos de los nicaragüenses y los protestantes empezaron a demandar la renuncia de Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y la de todo el gabinete. Fueron cinco meses de manifestaciones fuertemente reprimidas por agentes del Estado y civiles armados al servicio del sandinismo que dejaron muchos muertos, hasta que la Policía prohibió todo tipo de manifestación. A la fecha, la represión política en Nicaragua deja un saldo de 355 víctimas mortales, según datos de la CIDH.
Holver fue uno de los cientos de nicaragüenses que se unió a las protestas desde su municipio y apoyó el bloqueo de una de las principales carreteras de Nicaragua que hicieron varios campesinos de la zona. A estos bloqueos les llamaron “tranques” y fueron para evitar que las caravanas de policías y civiles armados afines al partido de gobierno entraran a los poblados a reprimir.
El 12 de junio de 2018 fue el último día que Holver pudo caminar. El campesino cuenta que abandonó el tranque de San Pedro de Lóvago en donde se encontraba junto a un grupo de más o menos 20 personas, debido a la amenaza de que podían ser asesinados por paramilitares que se encontraban ejecutando la “Operación Limpieza”, la cual consistió en levantar con fuerza letal todos los bloqueos que mantenían los manifestantes opositores en todo el país.
Holver y los demás iban caminando por veredas de regreso a sus comunidades y de repente, entre la maleza y los árboles, los sorprendieron un grupo de paramilitares armados. “Ahí nos dispararon. En el monte nos emboscaron”, relata el campesino.
Solamente tres personas sobrevivieron, recuerda. Tras ser acribillado por los paramilitares, Holver quedó inconsciente. No precisa bien por cuánto tiempo, pero despertó varios días después en algún lugar de Managua, la capital del país, y ya no podía mover sus piernas. El hombre fue llevado por desconocidos a un hospital privado en donde le retiraron el perdigón que lo dejó parapléjico de por vida.
Este campesino todavía tiene incrustados 10 perdigones de escopeta en su brazo derecho y parte de su espalda.
Como Holver, Isaac Ramírez también se unió a las protestas en 2018. En ese entonces cursaba el primer año de Gastronomía en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y practicaba artes marciales en un gimnasio cerca de su casa en Managua. También jugaba béisbol, pero todo eso se acabó para él el 23 de junio de ese año cuando recibió un escopetazo en su pierna derecha.
Era de noche. Isaac se encontraba en una de las barricadas de la calle trasera de la UPOLI, la cual permanecía tomada por estudiantes que protestaban contra el Gobierno de Nicaragua. Cerca de las 10 de la noche, la energía eléctrica se cortó en la zona y la Policía junto a paramilitares armados empezaron a dispararles a los manifestantes, según relata el joven.
Isaac, al igual que el resto, intentaba contrarrestar la represión con una hulera y canicas, pero cuando vieron que no podían hacer nada contra las balas de policías y paramilitares, decidieron abandonar la barricada y refugiarse en el recinto de la UPOLI.
El joven iba corriendo en la oscuridad y de repente cayó al suelo. “Sentí que el pie se me entumió”, narra. En lo oscuro, se tocó con la mano la pierna derecha y solamente sintió que estaba húmeda. Y mientras se estaba dando cuenta de que eso era sangre, un paramilitar llegó y le dio un golpe con la culata de su arma que lo dejó inconsciente.
Hoy tiene 22 años. No pudo continuar con sus estudios y tampoco ha podido trabajar. Estuvo cuatro años con tornillos que -tras 14 horas de operación- le pusieron en el hospital Vélez Paiz. Tenía la esperanza de recuperar su pierna, pero este año tuvieron que amputársela porque ya no había manera de recuperarla.
Isaac Ramírez vive con su madre en una pequeña casa con piso de tierra en un barrio de Managua. Esta foto fue tomada antes de que le amputaran la pierna.
La tragedia de los lisiados por la represión del Gobierno en Nicaragua sigue hacia la cama de un pequeño cuarto hecho de ladrillos de barro, donde yace un hombre de 72 años que está casi muerto en vida. Él no estuvo protestando, pero también es una víctima de la violencia del Estado contra los ciudadanos.
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Su nombre es Justo Rodríguez y hasta el 20 de abril de 2020 se dedicaba a la agricultura en la comunidad Esquipulas, en Moyogalpa, isla de Ometepe. Ahora, sus brazos le tiemblan ocasionalmente y no puede moverse por su cuenta. Está en estado vegetativo, desnutrido y apenas logra balbucear cuando quiere decirle que se siente mal a su hermana Esmérita, de 70 años.
A las siete de la mañana de ese 20 de abril, cuenta ella, Justo iba caminando para su trabajo cuando la Policía lo detuvo sin explicarle el motivo. Estaban haciendo una redada en la zona porque la noche anterior un grupo de pobladores había protestado contra el Gobierno, pero Justo ni siquiera participaba en las protestas. “Él no se metía en política”, asegura su hermana.
Al hombre lo montaron en una patrulla junto a otras personas que también fueron detenidas. Cinco días después, Esmérita pudo visitarlo en la cárcel y él mismo le contó que los policías le dejaron caer la llanta de repuesto de la patrulla sobre su pecho y lo iban pateando.
Esmérita Rodríguez muestra una foto de cómo era su hermano antes de que fuera detenido por la Policía. Atrás, Justo Rodríguez postrado en su cama.
Esmérita pudo volver a ver a su hermano recién seis meses después y ya no era el mismo. Una camioneta del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, llegó a hasta su casa para llevarla al hospital Lenín Fonseca, en donde estaba Justo.
Cuando llegó al hospital, Esmérita encontró a su hermano inconsciente e intubado. Ya tenía dos meses ahí y ella no había sido informada. Un médico le explicó que Justo tuvo un derrame cerebral y recibió golpes fuertes en su cabeza que le provocaron coágulos de sangre en el cerebro, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.
“El doctor me dijo: `15 minutos más y don Justo se muere, pero ahora le vamos a dar 72 horas. Necesitamos que usted esté aquí porque si no responde, lo desentubamos`. Él despertó, pero no es el mismo. Era un señor gordo y está desnutrido. Le hablamos y solo se nos queda viendo”, se lamenta Esmérita.
Justo estuvo cuatro meses en el hospital. El 21 de diciembre de 2020 fue entregado a su familia y llevado a la casa de su hermana para que continuara con su recuperación. Cuando ella quiso cambiarlo de ropa, se dio cuenta que tenía una herida con 50 puntadas entre la espalda baja y las nalgas, de la cual, hasta la fecha, no sabe con exactitud qué fue lo que le hicieron ahí.
Nadie le ha sabido explicar a Esmérita cómo fue que su hermano, el campesino recio, alegre, activo y trabajador, terminó en el estado en que se encuentra hoy. Ni siquiera el jefe de la prisión, el alcaide Edwin Blandón, supo explicarle lo que le había pasado a Justo. En lugar de una explicación, cuenta, el alcaide le ofreció dinero. “Sólo lléveme donde mi hermano”, respondió ella.
Después de algunos chequeos médicos, a Esmérita le dijeron que Justo padece de anemia crónica y que tiene una lesión en el corazón. “Él no habla, no siente nada y pierde la memoria. Cuando le damos algo, después dice que no le dimos nada. Viene la gente, conocidos a visitarlo y él no los reconoce. No está bien de su mente, de su cabeza”, se resigna la hermana.
Esmérita comenta que su hermano se cayó de la cama en una ocasión y con el poco dinero que tenía para sus medicamentos, le tuvo que dar a hacer una baranda para que no volviera a caerse
Más de 2,000 heridos por la represión
Los casos de Holver Zelaya, Isaac Ramírez y Justo Rodríguez son apenas tres de las más de 2,000 personas heridas por la represión estatal en Nicaragua que registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe más actualizado, con fecha del 29 de agosto de 2022.
La CIDH no indica una cifra exacta de heridos y tampoco especifica si todas estas personas quedaron lisiadas o tienen algún tipo de lesión motora. Hasta la fecha, no existe un registro exacto de la cantidad de lisiados que ha dejado la represión en el país.
Para el colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, ha sido difícil registrar esta cifra. “Hay personas que a la fecha no denuncian lo que les ha pasado por temor a represalias”, explica el director del organismo, Gonzalo Carrión. “La CIDH dice que son más de 2,000 personas las que resultaron lesionadas, pero ¿cuántas de estas personas recibieron un daño que es irreversible?”, se pregunta.
El Estado tampoco ha informado sobre los lisiados que dejó la represión desde 2018 y solamente reconoce a 199 víctimas mortales, de las cuales, según el discurso oficialista, 23 eran policías y el resto todos simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El gobierno responsabiliza de estas muertes a los manifestantes opositores, a quienes ha acusado de “golpistas” y “terroristas”.
Una base de datos realizada para esta investigación constató 147 casos de personas que quedaron lisiadas de por vida a causa de la represión estatal. De ellas, 127 se reconocen como opositoras y las 20 restantes dicen no tener preferencia política. Ninguno de los consultados se define como sandinista.
Este relevamiento fue construido con base en los testimonios de algunas de las víctimas, de la revisión de archivos periodísticos y consultas con familiares, amigos cercanos o con los mismos afectados. La mayoría de los consultados solicitaron no revelar detalles sobre sus casos por temor a recibir represalias por parte del Estado. Por esa razón, no se publica la base de datos.
Las 147 personas lisiadas son hombres entre las edades de 18 y 72 años. Los hombres fueron quienes mayoritariamente hicieron resistencia a las fuerzas represivas del Estado desde los tranques.
Se defendían principalmente con morteros, piedras, canicas y bombas de fabricación artesanal, mientras la Policía y paramilitares usaban armamento de guerra como AK-47, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, rifles M16, fusiles Remington 700, pistola Jericho 941 y cargadores de balas de tambor modelo soviético, con capacidad de hasta 75 balas, según los hallazgos del criminólogo Giancarlo Fiorella publicados por el portal holandés Bellingcat.
Paramilitares armados durante la Operación Limpieza en Masaya, a unos 27 kilómetros de la capital Managua.
Los lisiados que pudo verificar este reportaje de CONNECTAS y Galería News fueron clasificados por edades, ciudades de origen, profesiones y tipo de lesión. Entre los heridos que recoge la base de datos hay 25 personas que perdieron un ojo por impactos de bala de goma, de plomo o perdigón de escopeta. Otras 23 quedaron con paraplejia y dos con cuadriplejia.
Además, 67 personas recibieron un impacto de bala en uno de sus brazos, 17 balazos en una de sus piernas, dos en la cabeza, tres en la espalda y ocho en el abdomen. Del total de lisiados, al menos 23 sufren hoy de movilidad limitada en uno de sus brazos o piernas, y a otros 18 se les tuvo que amputar una de sus extremidades.
Por otro lado, destaca el hecho de que la mayoría son jóvenes: 54, estudiantes y 48, campesinos. Entre el resto de lisiados también hay artesanos, panaderos, deportistas, periodistas y conductores, entre otras profesiones.
También se tuvo en cuenta la fecha y el lugar en que los lisiados dijeron haber sufrido la lesión y se contrastó con las fechas y lugares en que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas represivas del Estado. Los 147 lisiados indican que sus lesiones sucedieron después del 18 de abril de 2018, fecha en que estallaron las protestas en Nicaragua.
Para comprobar sus casos, algunos consultados mostraron fotografías, videos e inclusive epicrisis, radiografías y balas que les fueron retiradas en hospitales privados.
En un informe titulado Disparar a Matar publicado en 2018 por Amnistía Internacional, se indica que la mayor parte de disparos ejecutados por la Policía y grupos paramilitares “fueron disparados a la cabeza o tórax, y causaron secuelas irreparables” a los manifestantes opositores, lo cual explicaría el por qué la mayoría de los lisiados verificados por CONNECTAS y Galería News recibieron un impacto de bala arriba de la cintura.
Lisiados y amenazados por el Estado
El doctor Alejandro Lagos es un médico privado que prestó sus servicios para atender a la mayoría de los lisiados. No tiene una cifra exacta, pero él calcula que ha atendido a más de cien personas y hasta hoy, continúa dándoles seguimiento a algunos de ellos en Nicaragua.
Los casos que ha atendido van desde paraplejía, pérdida de ojos, miembros amputados, perforaciones de órganos vitales y hasta víctimas en estado vegetativo. Al médico le preocupa que estas personas están prácticamente abandonadas por el Estado.
El doctor Alejandro Lagos ha ayudado a varios heridos de la represión gubernamental en Nicaragua que no han querido asistir a hospitales públicos por temor a ser detenidos.
Cuando estallaron las protestas en contra del presidente Daniel Ortega, varios médicos de hospitales públicos denunciaron que la entonces ministra de Salud, Sonia Castro, había ordenado no atender a ninguno de los heridos que llegara por la represión estatal. “Varios hospitales públicos como el hospital Cruz Azul, el hospital Alemán y el hospital Lenín Fonseca habrían denegado la atención a manifestantes heridos”, señala Amnistía Internacional en su informe publicado en 2018.
“La orden la dio la ministra de Salud en persona”, confirmó el doctor José Luis Borgen en una conferencia de prensa el 18 de febrero de 2019. Este médico fue despedido del hospital Lenín Fonseca por desobedecer la orden de Castro y atender a heridos de la represión. De acuerdo a la CIDH, hasta la fecha 400 profesionales de la salud han sido despedidos de hospitales públicos en Nicaragua.
La CIDH también identificó “numerosos casos” en los que las personas heridas dejaron de acudir a los centros de salud estatales “por desconfianza o temor a sufrir represalias, quedando sin asistencia médica o recurriendo a hospitales privados, centros de salud improvisados o a través de médicos voluntarios, bomberos y estudiantes de medicina, entre otros”.
De hecho, de los 147 lisiados que verificaron CONNECTAS y Galería News, solamente 21 asistieron a un hospital administrado por el Estado. Del resto, 111 buscaron atención médica privada y 15 dicen no haber recibido ningún tipo de asistencia hasta hoy.
El motivo para que 126 de los consultados no asistieran a un centro hospitalario del Estado fue el temor a ser encarcelados, a que les negaran la atención médica e incluso, algunos como Holver Zelaya expresaron sentir temor de que los mataran.
Uno de los heridos que prefirió no ir a un centro hospitalario por temor a represalias es “Carlos”, un ciudadano de 32 años que recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y que nos cuenta su historia con la condición de que no revelemos su identidad por temor a represalias. “A la par donde vivo hay unos que son sapos (simpatizantes del partido de gobierno) y también enfrente. Vivo rodeado de ellos, entonces mejor prevenir”, explica.
Carlos es originario del barrio indígena Monimbó, en Masaya, a unos 27 kilómetros de la capital del país. En su ciudad, se unió a las protestas contra el gobierno y estuvo apoyando en los tranques que levantaron los pobladores de esa zona.
En la madrugada del 14 de junio de 2018, cuenta, él estaba en uno de los tranques junto a otras tres personas cuando de repente sonaron las campanas de una Iglesia que queda en el barrio. Esa era la señal de que los paramilitares habían llegado a la ciudad para ejecutar la Operación Limpieza.
Carlos recuerda que él le estaba pasando unos morteros a otro de los muchachos para contrarrestar las balas de paramilitares, y en un momento todos salieron corriendo porque los represores estaban demasiado cerca. A él no le dio tiempo de correr, así que se lanzó a un cauce que estaba a la par del tranque para esconderse.
Los paramilitares habían capturado a una persona y la llevaron al tranque donde estaba Carlos. “Estaba uno que le habían dado un balazo en el estómago y entre ellos mismos se decían: `dale matálo, matálo`. El chavalo gritaba que lo ayudaran, pero yo estaba en el cauce, escondido. Si yo me quedaba ahí, me iban a matar también”, cuenta.
No pudo ayudar al joven que había sido capturado por los paramilitares y no sabe qué fue lo que pasó con él después. “Tal vez lo mataron porque ya lo tenían ahí listo”, comenta. Carlos se percató que si se quedaba escondido ahí, también podían capturarlo así que salió del cauce y empezó a correr unos 500 metros lo más rápido que podía para tratar de llegar a una calle donde estaban sus compañeros.
En lo que salió del cauce, los paramilitares lo vieron y empezaron a dispararle. Carlos corría en zigzag para tratar de evadir las balas, y en lo que estaba llegando a la calle donde estaban sus compañeros, una bala le entró por la parte de atrás de la pantorrilla izquierda.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto al comisionado de la Policía, Ramón Avellán y un paramilitar encapuchado el 19 de julio de 2018 en Masaya, cuatro días después de que “Carlos” fuera herido de bala en esa ciudad.
Sus compañeros lo llevaron cargado hasta un puesto médico improvisado que era administrado por estudiantes de medicina y algunos doctores y enfermeras profesionales que prestaron sus servicios para atender heridos. Uno de los médicos que lo atendió le dijo que era necesario trasladarlo al hospital porque se estaba desangrando y era necesario retirar la bala, pero él se negó.
Había escuchado que la Policía se encontraba en la carretera deteniendo vehículos y autobuses y haciendo requisas para detener a opositores. Además, temía que en el hospital lo atendieran y posteriormente llegaran a encarcelarlo. Él prefirió que un familiar con conocimientos médicos lo atendiera en su casa.
Esta persona le explicó que la bala había salido por la rodilla, así que le suturaron la herida para que no siguiera sangrando. Desde ese día, Carlos no puede caminar bien. Usó muletas por un tiempo. Ahora ha aprendido caminar sin usarlas, pero todavía cojea.
También siente dolores por las noches, sobre todo cuando hace frío, y a veces se le inflama la rodilla, pero no puede dejar de ir a trabajar porque es el principal sustento de su familia, sobre todo el de su pequeña hija de siete años.
Hasta la fecha no ha ido a un hospital para atenderse las heridas o para buscar fisioterapia. Tiene temor de ser encarcelado. “Esto está feo. Si uno habla o dice algo que no les gusta, ya lo echan preso a uno”, comenta.
El abogado Gonzalo Carrión señala que aún con lo que han sufrido estas personas, varias son amenazadas por paramilitares o por simpatizantes del gobierno, e incluso han tenido que abandonar sus hogares y sus pueblos para que no sigan hostigándolas y amenazándolas.
Es el caso del joven Isaac Ramírez. Comenta que ha recibido hostigamiento por parte de simpatizantes del partido de gobierno, sobre todo por algunos vecinos del barrio en donde vive, quienes vigilan si él sale de su casa o si alguien llega a visitarlo.
Holver Zelaya también dice que ha padecido esto. Días después de que fuera baleado en 2018, paramilitares fueron a buscarlo a su casa. “Llegaban a terminar de matarme”, relata. Por su seguridad y la de su familia, tuvo que irse a vivir a otra zona del país que prefiere no revelar.
Carlos todavía vive en Monimbó, pero en 2018 tuvo que irse de la ciudad por un tiempo. Tres días después de que fue baleado en la pierna, los paramilitares lograron entrar a la ciudad. Como él no se sentía seguro en el lugar donde estaba, pidió que lo llevaran donde otro familiar, pero cuando llegó, un simpatizante del gobierno lo vio entrar.
“Estuve poco tiempo, por como me había visto yo sabía que me iba a bombear (delatar). Yo me fui como a las ocho de la mañana y a las diez estaban llegando ellos. Encañonaron a mis primos, revisaron toda la casa y preguntaron por mí”, relata Carlos. Tiempo después, tuvo que regresar a Monimbó porque no podía dejar sola a su familia y desde entonces vive con temor de sus vecinos, que son simpatizantes del partido de gobierno.
En el caso de Justo Rodríguez, su hermana dice que los simpatizantes sandinistas solamente pasan vigilando quién llega a visitarlo. “¿Qué más me le van a hacer? Si no puede ni hablar ahora. No pueden decir que anda protestando”, señala Esmérita.
También hay víctimas de la represión que todavía tienen proyectiles en su cuerpo, como Enoc López, quien vive con una bala detrás de su ojo derecho y otra en la parte posterior del cerebro. Él se encontraba protestando junto a un grupo de jóvenes el 20 de abril de 2018 hasta que la Policía llegó a disipar la manifestación. El joven escuchó disparos y salió corriendo para resguardarse cuando de repente sintió un golpe en la frente.
Cayó tendido en el suelo, pero consciente. No sabía que le habían disparado. Lo llevaron al hospital público Lenín Fonseca donde lo operaron para extraerle los proyectiles. En este centro médico le dijeron que le habían retirado una de las balas, pero en una radiografía que se hizo en una clínica privada en 2021, se dio cuenta que le habían mentido y todavía tiene las dos balas en la cabeza.
Le quedó una cicatriz que va de sien a sien y tiene la frente hundida porque las balas le rompieron el cráneo. Enoc cuenta que incluso hay conocidos que se burlan de él por cómo le quedó la cara y por ello se deja crecer el pelo para cubrirse un poco la frente con sus rizos.
Días después de que salió del hospital, Enoc López asistió a una protesta en silla de ruedas
Una historia que se repite
Lo que sucedió a partir de 2018 en Nicaragua con los lesionados por causas políticas recuerda la historia de la guerra civil de los ochenta en este país. Desde 1979 a 1990, los sandinistas enfrentaron a un ejército armado y financiado por Estados Unidos, mejor conocido como “Contrarrevolución”. El objetivo de este ejército irregular era derrocar a los sandinistas, pero jamás lo lograron.
La guerra terminó en 1990 y la cifra oficial de fallecidos es de aproximadamente 50,000 personas. Pero al igual que los lisiados de la represión de 2018, no existe una estadística oficial de todos los nicaragüenses que quedaron con algún tipo de lesión tras aquel enfrentamiento fratricida.
A mediados de los noventa, la cifra de lisiados de guerra se calculaba en 11,500 personas, de acuerdo a reportes periodísticos que citan cifras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el cual tuvo que atender la carga de estos lisiados a través de una pensión de guerra para todas estas personas.
Las cifras más actuales que el INSS ha publicado sobre estas pensiones es del año 2020, en su anuario estadístico. Según el documento, hasta ese año la institución otorgó un total de 29,611 pensiones, las cuales costaron ese año un total de 1,004,748,154.43 córdobas (poco más de 27 millones de dólares) a los contribuyentes.
Sin embargo, para la nueva generación de lisiados no existe ningún tipo de pensión o indemnización por parte de las autoridades. El abogado Gonzalo Carrión explica que estos heridos tienen derecho a una indemnización por parte del Estado y también menciona una diferencia importante a tener en cuenta entre ambas generaciones. “Los lisiados de los ochenta son producto de una guerra de dos bandos armados, pero los de 2018 fue una represión con armas contra civiles, contra personas desarmadas”, explica.
No todos los lisiados de guerra reciben una pensión, por eso es que la cantidad de pensiones del INSS tampoco es lo suficientemente exacta para determinar cuántos afectados dejó la guerra de los ochenta.
“Manuel” fue un combatiente sandinista en aquellos días. Hoy es opositor a Daniel Ortega y habla con la condición de que no revelemos su identidad por temor a represalias. Este hombre perdió una de sus piernas después de que una bazuca estallara a menos de dos metros de donde él se encontraba. “La explosión me hizo salir volando y cuando me fijé, tenía la pierna desbaratada. Pensé que iba a morir ahí”, relata 36 años después del incidente.
A Manuel le amputaron la pierna en agosto de 1986, días después de que sufriera la explosión mientras cumplía con su Servicio Militar obligatorio. Tenía 19 años entonces. Hoy tiene 55 y dice que hasta la fecha no ha recibido ninguna pensión o ayuda por parte del Estado. Acepta que él tampoco se interesó en hacer la gestión para que se le otorgara un beneficio económico. “Es muy poquito lo que te dan. Si con esas pensiones no se pueden ni pagar los medicamentos”, critica.
En los noventa, cuando se crearon estas pensiones, los lisiados de guerra recibían entre 100 y 380 córdobas (de 14 a 54 dólares de la época), según la lesión. Estas pensiones se han ido reajustando y en 2019, el INSS informó del último aumento a través de una nota de prensa en donde señala que las víctimas de la guerra reciben una pensión máxima de 2,481 córdobas (67 dólares).
“Es una mierda esa pensión. No sirve para nada” insiste este hombre de la vieja generación de lisiados, pero coincide con el sentimiento de Holver Zelaya y el resto de “nuevos” lisiados de la represión: se sienten abandonados.
Después de perder su pierna en la guerra, Manuel fue dado de baja de la milicia y junto a un cuñado puso un negocio de transporte en la capital. De eso ha vivido hasta hoy. “No nos va tan mal”, comenta. El hombre aprendió a vivir sin su pierna.
Mientras tanto, Holver Zelaya está aprendiendo a vivir sin poder caminar. En los primeros meses de su recuperación, el campesino no podía defecar y por recomendación de un médico privado, se realizó una colostomía en una clínica privada a inicios de 2021 y ahora expulsa sus desechos por una bolsa.
En su brazo, mano derecha y en parte de su espalda, Holver todavía tiene incrustados otros 10 perdigones de escopeta que no se ha podido sacar y que le causan dolor intenso. No tiene dinero para seguir pagando atención médica privada y no ha querido ir a un hospital público para dar seguimiento a sus heridas por temor a ser encarcelado por ser opositor. “O peor, que me maten”, alega.
Holver Zelaya cría gallinas en su patio que después vende para poder mantener a su familia, pero lo que gana no es suficiente, dice.
Debido a su incapacidad, no puede salir a trabajar para garantizar la alimentación en su hogar, y cada mañana, lo primero que hace Holver al despertar es montarse en la vieja silla de ruedas y salir al patio para jugar con las gallinas y el gallo que tiene mientras piensa en qué le dará de comer a sus hijas de siete y nueve años. “A veces le damos a las niñas pancito con agüita”, comenta. Otras veces, comen de los huevos que ponen sus gallinas, pero casi siempre les toca acostarse sin cenar.
Además del alimento en su hogar, Zelaya también debe preocuparse por sus gastos médicos. Cada bolsa de la colostomía que debieron practicarle tras su internación cuesta 125 córdobas (3.42 dólares) y él no tiene ni uno para comprar una nueva. Mientras habla con CONNECTAS y Galería News, tiene 15 días con la misma bolsa, la cual está visiblemente sucia y deteriorada.
Si Holver recibiera una pensión por la invalidez que le provocó la represión estatal, podría ayudarse un poco a costear sus necesidades médicas y la comida de su familia, pero él cree que no es posible. “El gobierno no nos ayuda a los que quedamos así (lisiados), y si pido ayuda más bien me echan preso”, argumenta.
Su esposa, Elba María Ortiz, comenta que Holver era un hombre alegre, risueño, que disfrutaba de pasear en caballo, montar toros y jugar béisbol cada fin de semana. “Ahora está todo deprimido, pero ahí vamos con la fuerza de Dios”, señala.
Esmérita Rodríguez dice que su hermano Justo está triste. Es lo que puede verse en su rostro apagado y su mirada perdida. Ella también dice sentir mucho dolor y mucha impotencia por verlo en ese estado. “Él está bien mal. Sus canillas (pantorrillas) no le responden. Están encogidas y duras. El doctor me dijo que no va a volver a caminar. Está desganado. A veces no come”, señala.
Enoc López e Isaac Ramírez también aseguran sentirse deprimidos. Isaac ha visto sus sueños truncados, pues desde que perdió la pierna no pudo continuar con sus estudios ni seguir practicando artes marciales. También está aprendiendo a vivir sin una pierna. “Esto es muy duro”, repite mientras mira el muñón que le quedó después de la amputación.
Isaac Ramírez tenía 17 años cuando recibió el impacto de una escopeta en su pierna. Hoy tiene 21.
Para movilizarse, Isaac utiliza unas viejas muletas deterioradas y de vez en cuando una silla de ruedas. Volver a jugar béisbol o practicar artes marciales ya no es una opción para él y más bien está tratando de aprender el oficio de barbero para sobrevivir.
Por su parte, Enoc había perdido la movilidad de toda la parte derecha de su cuerpo después de recibir los dos balazos en la frente. Estuvo en silla de ruedas por cuatro meses hasta que la fue recuperando poco a poco con terapia y asistencia de especialistas privados.
Cuatro años más tarde ya puede caminar con zapatos especiales, pero aún resiste dolores de cabeza y en consultas médicas le han dicho que irá perdiendo la visibilidad debido a la bala que tiene detrás del ojo derecho.
“Ha sido un proceso muy duro. Sobre todo aprender a caminar otra vez”, señala Enoc, quien ahora es ambidiestro pues tras perder la movilidad en su mano derecha, tuvo que aprender a escribir y comer con su mano izquierda.